San Luis Potosí, S.L.P., viernes 23 de enero de 2026.- La implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en San Luis Potosí enfrenta una situación crítica debido a la falta de recursos presupuestales, advirtió el abogado José Mario de la Garza, quien consideró que, sin una inversión sustancial, el nuevo sistema corre el riesgo de fracasar.

Explicó que la reforma transforma por completo el modelo de justicia, al transitar hacia la oralidad y requerir nueva infraestructura, capacitación especializada, espacios adecuados y equipamiento tecnológico, elementos que no han sido acompañados de un incremento presupuestal al Poder Judicial.

“El presupuesto manda una señal muy clara de qué es lo que importa y a qué se le está apostando”, señaló, al advertir que la ausencia de recursos coloca al sistema judicial “contra reloj” para cumplir con los plazos legales de implementación.

De la Garza subrayó que el problema no es la reforma en sí, sino su ejecución. Recordó que experiencias previas, como el sistema penal acusatorio, demostraron que sin una correcta implementación se saturan los tribunales con asuntos menores que podrían resolverse por otras vías.

En ese sentido, insistió en la urgencia de fortalecer mecanismos de mediación y acuerdos, tanto en materia penal como civil y familiar, para evitar que conflictos cotidianos lleguen innecesariamente a juicio. “Nadie quiere ir a juicio, la gente quiere resolver sus problemas”, afirmó.

Criticó que, ante la falta de infraestructura y personal capacitado, se generen decisiones judiciales deficientes y se prolonguen procesos que afectan directamente a las personas, como casos de prisión preventiva por delitos menores.

En el ámbito político local, el abogado se refirió al veto del gobernador a la llamada Ley Gobernadora, al señalar que, desde el punto de vista legal, el procedimiento implica regresar la iniciativa al Congreso para su revisión y eventual nueva votación. Sin embargo, consideró que la decisión respondió más a un cálculo político.

“Era muy probable que la Corte invalidara la ley, así que se optó por frenarla a nivel local y dejarla en el congelador”, opinó, al estimar que el tema no volverá a avanzar en el corto plazo.

Finalmente, sostuvo que es legítimo impulsar leyes que fomenten una mayor participación de las mujeres en la vida pública, pero advirtió que no pueden diseñarse leyes a la medida, sino marcos jurídicos sólidos que resistan el escrutinio constitucional. “Hay que hacerlas bien para que se sostengan”, concluyó.