San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 12 de agosto de 2026.- El Congreso del Estado aprobó reducir a 20 días la duración de las precampañas para la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, como parte de una reforma a la Ley Electoral de San Luis Potosí que generó diferencias entre las bancadas.
El dictamen fue avalado durante el Décimo Periodo Extraordinario sobre Régimen Interno y Asuntos Electorales con 13 votos a favor y 10 en contra, sin abstenciones. La modificación fue respaldada por legisladores de distintas fuerzas políticas, mientras que Morena manifestó su rechazo principalmente por la manera en que se procesó la iniciativa y por considerar insuficiente el análisis técnico.
Con la reforma, las precampañas para la gubernatura pasarán de 40 a 20 días, mientras que las correspondientes a diputaciones locales y ayuntamientos se reducirán de 25 a 20 días.
De acuerdo con la propuesta aprobada, la precampaña para la gubernatura se desarrollará del 20 de enero al 8 de febrero del año electoral, en tanto que las de diputaciones y ayuntamientos tendrán lugar del 4 al 23 de febrero.
Uno de los principales cuestionamientos durante la discusión fue la decisión de establecer un periodo idéntico para cargos que tienen alcances electorales distintos.
El diputado de Morena, José Roberto García Castillo, sostuvo que su bancada no se opone a revisar los tiempos electorales, pero cuestionó que el Congreso vuelva a modificar la legislación apenas unas semanas después de haber aprobado una reforma electoral de mayor alcance, sin esperar a evaluar sus efectos.
También señaló que el dictamen no contenía, desde su perspectiva, una justificación técnica suficiente para establecer los mismos 20 días de precampaña para la elección de gobernador, diputaciones y ayuntamientos.
García Castillo argumentó que una contienda por la gubernatura implica una competencia en los 59 municipios del estado, mientras que una diputación o una presidencia municipal tiene un ámbito territorial distinto. Por ello, consideró que la homologación de los plazos requería un análisis más amplio.
El legislador morenista también advirtió que la reducción de los tiempos para obtener respaldo ciudadano por parte de las candidaturas independientes podría generar mayores dificultades para quienes buscan competir sin la estructura de un partido político.
A ello sumó cuestionamientos sobre la armonización de otros artículos de la legislación electoral. Como ejemplo, mencionó el artículo 319, relacionado con los periodos de precampaña, y planteó dudas sobre los casos en que el registro interno de una precandidatura se concrete después de iniciado el plazo establecido por la ley.
En contraste, el diputado Marco Antonio Gama Basarte defendió la modificación y anunció el respaldo de Movimiento Ciudadano. Argumentó que la intención es establecer reglas homogéneas, ordenar los procesos internos de los partidos y facilitar las labores de vigilancia y fiscalización electoral.
Gama Basarte aclaró que la reforma no elimina las precampañas ni modifica los procedimientos internos de selección de candidaturas, sino que establece un periodo más corto y uniforme para su desarrollo.
Durante su intervención, también cuestionó que algunos actores políticos hayan comenzado actividades de promoción personal antes del inicio formal de los procesos electorales, mediante espectaculares, bardas y otras formas de posicionamiento.
El legislador cuestionó la actuación de las autoridades electorales frente a estas prácticas y planteó dónde se encuentran el CEEPAC y el INE ante quienes, dijo, ya se están adelantando a los tiempos electorales.
Consideró que las aspiraciones políticas no representan por sí mismas una irregularidad, pero advirtió que utilizar recursos o estructuras para obtener ventajas antes de los periodos establecidos puede afectar la equidad de la contienda.
La iniciativa que dio origen a la reforma fue presentada el 4 de agosto y planteó modificar las fracciones I y II del artículo 319 de la Ley Electoral del Estado. Además de reducir los tiempos, contempla un plazo de 90 días naturales para que el CEEPAC adecue su normativa.
Tras su aprobación, el decreto fue turnado al Poder Ejecutivo estatal para los efectos constitucionales correspondientes.
La reforma avanzó pese a las objeciones de Morena, que insistió en la necesidad de contar con mayor análisis, una opinión técnica del organismo electoral y un proceso legislativo con mayor discusión.
Sus impulsores, en cambio, defendieron que la reducción y homologación de los plazos permitirá ordenar el calendario electoral y facilitar la fiscalización de las precampañas.
