San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 10 de diciembre de 2025. – La inminente reducción de la jornada laboral y el fortalecimiento de las inspecciones federales figuran entre los desafíos más importantes que deberán sortear las empresas en 2026, de acuerdo con especialistas que participaron en la conferencia Del 2025 al 2026: Retos laborales y la nueva era del compliance empresarial, organizada por Industriales Potosinos A.C. (IPAC).
Durante el encuentro, empresarios y asesores laborales analizaron los cambios que se avecinan en materia de relaciones laborales y cumplimiento normativo. Uno de los puntos centrales fue la futura disminución de la jornada semanal, cuya primera fase está prevista para 2027 con la reducción inicial de dos horas. Sin embargo, se adelantó que en 2026 podría aprobarse la legislación que definirá los mecanismos de implementación.
Los ponentes destacaron que, en este nuevo esquema, las horas extra asumirán un papel clave para la operación de muchas compañías. La regulación establece que solo podrán acumularse hasta cuatro horas extraordinarias por día y un máximo de 12 a la semana, todas pagadas al doble. Este límite, afirmaron, busca ordenar una práctica que en algunos centros de trabajo se ha convertido en una necesidad derivada de que los propios empleados solicitan tiempo adicional para obtener mayores ingresos.
También se mencionó que factores culturales influyen en este fenómeno: hay trabajadores que prefieren permanecer más tiempo en el centro laboral antes que regresar a casa y participar en tareas de crianza.
Otro de los temas que generó preocupación fueron las inspecciones que la autoridad federal reforzará el próximo año para verificar el cumplimiento de normas y obligaciones. Algunas de estas revisiones incluso se efectuarán de manera electrónica, ampliando el alcance de supervisión.
Los especialistas advirtieron que las sanciones por incumplimientos pueden partir de mil UMAS por cada trámite faltante o vencido, lo que coloca en una situación particularmente vulnerable a micro y pequeñas empresas que carecen de estructura para atender la carga administrativa y que podrían incluso enfrentar cierres por no poder solventar las multas.