Rechaza AMPI propuesta del Infonavit de vender casas a invasores

Profesionales inmobiliarios alertan sobre riesgos legales.

Por

Ernesto García

- viernes, junio 27 de 2025

San Luis Potosí, S.L.P., viernes 27 de junio de 2025.– La presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en San Luis Potosí, Olga Espitia Lanuza, rechazó de manera contundente la propuesta del Infonavit de vender viviendas recuperadas a personas que las ocupan de forma ilegal. Advirtió que esta medida vulnera el derecho a la propiedad privada y podría abrir la puerta a actos de corrupción.

Espitia calificó la iniciativa como ambigua y peligrosa, al considerar que podría interpretarse como una legitimación de las invasiones. Subrayó que esas viviendas tienen propietarios legítimos, muchos de los cuales dejaron de pagarlas por causas de fuerza mayor, pero que aun así realizaron esfuerzos significativos para adquirirlas.

Desde la AMPI, dijo, se reprueba cualquier intento de justificar o legalizar ocupaciones ilegales. Agregó que detrás de muchas de estas invasiones existen redes de corrupción que lucran con la necesidad de vivienda, engañando a personas en situación vulnerable, a quienes incluso se les cobra por “tomar” propiedades abandonadas.

Aunque reconoció que Infonavit ha iniciado un diálogo con organismos como la AMPI para aclarar su postura, insistió en que los beneficiarios reales de cualquier programa deben ser los deudores originales, no quienes se aprovecharon de una situación irregular.
“No se puede premiar al oportunismo”, sentenció.

Espitia también confirmó que las agencias afiliadas a AMPI han recibido múltiples reportes de viviendas invadidas, y que muchas familias legítimamente propietarias enfrentan procesos legales complejos para recuperar su patrimonio.

“Nos ha tocado ver el sufrimiento de quienes descubren que su casa ya está ocupada por alguien más y que no hay manera de sacarlo”, lamentó.

Finalmente, hizo un llamado al Infonavit y a las autoridades federales a fortalecer los mecanismos legales de recuperación, evitar ambigüedades en sus políticas y defender la propiedad privada como un derecho constitucional.