San Luis Potosí, S.L.P., viernes 19 de diciembre de 2025.– Organizaciones de la sociedad civil solicitaron formalmente a las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos que interpongan una acción de inconstitucionalidad contra la reforma relacionada con el uso indebido de la Inteligencia Artificial, al advertir que la legislación aprobada por el Congreso de San Luis Potosí vulnera derechos fundamentales.

La petición fue acompañada por dos oficios de respaldo entregados este mes, en apoyo al recurso elaborado el pasado 4 de diciembre por Luis González Lozano, representante de la asociación civil Cambio de Ruta, quien promovió la solicitud dentro del plazo legal que vence este jueves 18 de diciembre.

A esta iniciativa se sumó el Grupo Ciudadano de Trabajo, integrado por periodistas y representantes de diversas organizaciones civiles que dan seguimiento a la política de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el estado. El colectivo advirtió que la reforma presenta deficiencias constitucionales que justifican su revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De acuerdo con el Grupo, el nuevo marco legal incorpora conceptos vagos y poco precisos desde el punto de vista jurídico y técnico, lo que podría permitir interpretaciones discrecionales por parte de las autoridades y afectar libertades como la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y la creación de contenidos.

Recordaron que, desde la aprobación de la reforma el pasado 14 de noviembre, organizaciones especializadas en derechos digitales, como Artículo 19, han alertado sobre los riesgos que implican los nuevos tipos penales, al considerar que la falta de claridad podría derivar en la criminalización de actividades legítimas, como la producción artística, la crítica política, el periodismo o el uso creativo e informativo de herramientas de inteligencia artificial.

Ante este escenario, las organizaciones civiles hicieron un llamado urgente a ambas comisiones de Derechos Humanos para que ejerzan su facultad constitucional y presenten la acción correspondiente antes de que venza el plazo legal, con el fin de salvaguardar los derechos de la ciudadanía potosina y garantizar la vigencia del Estado de Derecho.