San Luis Potosí, S.L.P. miércoles 4 de febrero de 2026.– Con el objetivo de evitar que disputas cotidianas terminen en procedimientos penales prolongados, el diputado Rubén Guajardo Barrera presentó una iniciativa de Ley de Justicia Cívica para el Estado, que plantea un modelo alternativo de atención a conflictos basado en la conciliación, el diálogo y la reparación del daño, en lugar de la sanción punitiva tradicional.


El legislador explicó que la propuesta busca ofrecer una salida más ágil y accesible a problemas como conflictos vecinales, desacuerdos familiares o incidentes viales menores, los cuales actualmente suelen canalizarse a instancias como la Fiscalía General del Estado, saturando el sistema de justicia y generando procesos largos y costosos para las partes involucradas.


Guajardo Barrera señaló que el modelo de justicia cívica ya opera en otras entidades del país y ha demostrado ser eficaz para reducir la reincidencia en faltas administrativas, además de fortalecer la convivencia social al resolver los problemas desde el ámbito comunitario antes de que escalen a delitos mayores.


De acuerdo con la iniciativa, estos casos serían atendidos por jueces cívicos a través de procedimientos administrativos, priorizando la conciliación entre las partes. Un ejemplo es el de accidentes de tránsito menores, que podrían resolverse mediante acuerdos inmediatos, sin necesidad de abrir carpetas de investigación ni iniciar juicios penales.


El proyecto plantea una ley de aplicación estatal que involucre tanto al Gobierno del Estado como a los ayuntamientos, aunque reconoce que su implementación requerirá ajustes presupuestales a nivel municipal. En este sentido, el diputado precisó que los jueces cívicos no dependerían del Poder Judicial, sino que estarían adscritos directamente a los municipios, previa capacitación y formación especializada.


Finalmente, el legislador indicó que la iniciativa será analizada en comisiones, donde se evaluará la pertinencia de realizar consultas ciudadanas y se revisará su viabilidad operativa. Adelantó que, en caso de ser aprobada, la Ley de Justicia Cívica podría entrar en vigor hasta 2027, una vez que los ayuntamientos cuenten con los recursos y la estructura necesarios para su aplicación.