San Luis Potosí, S.L.P., lunes 08 de junio de 2026.- La fiscal general del Estado, Manuela García Cázares, negó que existan nuevas denuncias o investigaciones contra periodistas por la difusión de contenidos generados con inteligencia artificial, en medio de la controversia nacional e internacional que ha provocado la detención de comunicadores en San Luis Potosí bajo la denominada “Ley de IA”.


El caso alcanzó relevancia nacional luego de que las periodistas Eréndira Reyes Aguillón, directora de San Wicho Times, y Alejandra Hermosillo, así como el creador de contenido Christian Herrera, responsable del portal Código Rojo, fueron detenidos el 21 de mayo por elementos de la Policía de Investigación. De acuerdo con organizaciones defensoras de la libertad de expresión, los tres fueron acusados por compartir en redes sociales videos elaborados con inteligencia artificial que cuestionaban al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, aunque no habrían sido los autores del material.


Sobre la liberación de Reyes Aguillón y Hermosillo, ocurrida el pasado 5 de junio, García Cázares explicó que fue resultado de una suspensión condicional del proceso solicitada por la defensa y autorizada por un juez. La medida mantiene suspendido el procedimiento durante un año, periodo en el que ambas deberán cumplir diversas condiciones y cubrir una reparación del daño.


La fiscal rechazó que esta salida alterna implique una admisión de culpabilidad y sostuvo que se trata de una figura prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, defendió la actuación de las autoridades al señalar que el delito por el que fueron procesadas las comunicadoras es una figura de reciente incorporación al Código Penal estatal y que la legislación contempla excepciones para el ejercicio periodístico.

“Por supuesto que es importante y se respeta la libertad de expresión”, afirmó la titular de la Fiscalía, quien también descartó que existiera alguna intervención del Gobierno Federal en la liberación de las imputadas, al señalar que se trató de una resolución exclusivamente judicial y de competencia local.


No obstante, las declaraciones de la fiscal contrastan con la situación denunciada por periodistas y organizaciones de defensa de la libertad de expresión. Aunque García Cázares aseguró que “no tenemos ninguna otra denuncia contra 10 personas; absolutamente falso”, la periodista Anahí Torres, directora del portal En Primera San Luis, reveló que fue citada a comparecer ante la Fiscalía el pasado viernes como parte de las investigaciones derivadas de la denuncia presentada por el gobernador potosino.


En entrevista radiofónica, Torres informó que acudió a declarar acompañada por representantes de la Secretaría de Gobernación federal y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La comunicadora advirtió que, pese a la liberación de dos de las personas detenidas, el conflicto legal permanece abierto. “Tenemos un primer triunfo con la libertad de Eréndira y de Alejandra; sin embargo, no se ha ganado la batalla. Sigue todavía una persona detenida, que es Cristian Herrera, dueño de Código Rojo, y además continúan las órdenes de aprehensión y los procesos abiertos”, señaló.


Torres confirmó que enfrenta una denuncia penal relacionada con un video en el que presuntamente se utilizó inteligencia artificial para difundir un mensaje atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación dirigido al gobernador. Mientras tanto, Herrera continúa sujeto a proceso penal y privado de la libertad, situación que ha mantenido las críticas de organismos como Artículo 19, que han advertido posibles riesgos para la libertad de expresión derivados de la aplicación de esta reforma.


La polémica ocurre además mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mantiene una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las reformas conocidas como “Ley de IA”. Aunque la Fiscalía sostiene que no existen más personas investigadas por estos hechos, las comparecencias recientes y la permanencia de procesos abiertos mantienen vivo un debate que ha colocado a San Luis Potosí en el centro de la discusión nacional sobre los límites entre el combate a la desinformación digital y la protección de la actividad periodística.