San Luis Potosí, S.L.P., viernes 14 de noviembre de 2025.– La diputada local Nancy Jeanine García Martínez advirtió que el desabasto de agua en regiones como la Huasteca puede generar consecuencias económicas y sociales graves para la población, además de abrir la puerta a abusos por parte de quienes lucran con la necesidad de las familias. Señaló que cualquier falta en el suministro del recurso como ocurre también con el gas u otros insumos esenciales impacta directamente en el consumo y en las actividades cotidianas.

La legisladora llamó a evitar el aprovechamiento y la especulación en momentos de escasez, especialmente en zonas con alta vulnerabilidad económica. Recordó que cuando hay desabasto surgen prácticas de lucro que afectan a quienes menos tienen, por lo que urgió a las autoridades tanto locales como federales a reforzar la difusión de información y a emitir exhortos para sensibilizar y regular a quienes operan en este tipo de servicios.

García Martínez subrayó que es indispensable una regulación estricta sobre las pipas de agua y de gas, ante denuncias de cobros excesivos en colonias marginadas. Explicó que hay unidades que venden el recurso a precios desproporcionados, aprovechando que las familias no tienen otra alternativa inmediata. “No podemos permitir que se cobre hasta tres veces más por una necesidad básica. Se debe revisar, regular y evitar abusos”, afirmó.

Respecto a las manifestaciones en Escalerillas por la falta de agua, la diputada pidió no perder de vista la demanda legítima de los habitantes, más allá de los señalamientos sobre un posible trasfondo político.

Reconoció el trabajo del delegado estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Darío, y celebró que ya se esté atendiendo la problemática. “Lo primordial es escuchar a la población y garantizar su derecho al servicio; lo demás se puede descartar después”, señaló.

Finalmente, insistió en que las autoridades deben asegurar primero el abastecimiento a las comunidades afectadas. Dijo que es fundamental distribuir el agua de manera correcta, sin privatizar ni restringir el servicio, y con plena coordinación entre Conagua y el gobierno estatal. “La prioridad es que el recurso llegue a las casas y se administre con responsabilidad”, concluyó.