San Luis Potosí, S.L.P., martes 26 de agosto de 2025.–Colectivos y activistas de la comunidad LGBT+ en San Luis Potosí demandaron al gobernador una disculpa pública por declaraciones que consideraron ofensivas y que, según señalaron, alimentan la normalización de la burla y la exclusión. Durante una conferencia de prensa, enfatizaron que el respeto debe comenzar desde la figura más alta del poder estatal, pues de lo contrario “se envía un mensaje de impunidad que valida la discriminación y los crímenes de odio”.
Aunque desde la Subsecretaría de Derechos Humanos se aseguró que existe disposición para abrir un diálogo con las organizaciones, las y los representantes insistieron en que ese acercamiento no puede darse sin un primer gesto de reconocimiento del error.
Los activistas reconocieron que en los últimos años ha habido avances parciales, como programas de apoyo económico para emprendedores LGBT+. Sin embargo, remarcaron que estas iniciativas son insuficientes frente a la falta de una política pública integral que garantice la igualdad. Entre los problemas que persisten mencionaron las trabas en el Registro Civil, donde todavía se niega a parejas del mismo sexo el registro de sus hijos o incluso el matrimonio, pese a que legalmente tienen ese derecho. También denunciaron la precariedad del CAPACITS, que opera con desabasto de insumos y medicamentos, poniendo en riesgo la atención de personas con VIH.
En el ámbito laboral, activistas trans señalaron que la ausencia de acciones afirmativas como la cuota de empleo mantiene a gran parte de su comunidad en la informalidad o en situaciones de alta vulnerabilidad.
La actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue otro de los temas centrales. Los colectivos acusaron a la institución de omisión y encubrimiento en casos de agresiones y discriminación, al no emitir recomendaciones de oficio ni ejercer plenamente sus atribuciones. Un abogado de la comunidad aseguró incluso que la Comisión ha protegido a servidores públicos involucrados en actos de violencia. Aunque reconocieron que la figura del juicio político ha perdido fuerza en el debate local, insistieron en que es necesario señalar el retroceso que ha tenido la CEDH en comparación con administraciones pasadas.
Los colectivos subrayaron que su lucha no se dirige contra una persona en particular, sino a favor de un reconocimiento real de sus derechos. Recordaron que en San Luis Potosí viven más de 137 mil personas de la diversidad sexual y de género, un sector poblacional y político que continúa sin representación específica en el Congreso ni en el gobierno estatal. “Lo que pedimos no son privilegios, es igualdad”, expresaron, al tiempo que hicieron un llamado a la sociedad a solidarizarse con sus demandas y a no minimizar los discursos discriminatorios como simples bromas.
Finalmente, advirtieron que mantendrán su presencia en el espacio público. “Seguiremos visibles, porque estamos cansados de promesas que no se cumplen. Queremos un gobierno que respalde con hechos, no con discursos”.
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