María Manuela García Cázares, admitió que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha proporcionado medidas de protección a Rosalinda Ávalos, quien se desempeñaba como comandante de la Policía Ministerial, a pesar de haber solicitado protección tras sufrir un violento atentado en 2020, donde perdió a dos de sus hijos por ex compañeros de la corporación policial. Denunció también la existencia de un grupo delictivo al interior de la organización.

Rosalinda Ávalos, quien previamente había estado investigando a miembros de dicho grupo delictivo, fue blanco de un ataque brutal en Soledad de Graciano Sánchez en 2020 poniendo en evidencia las deficiencias en la seguridad y la respuesta institucional hacia las víctimas de violencia en el estado e incluso de las propias instituciones de seguridad.

García Cázares respondió a los cuestionamientos sobre la falta de medidas de protección hacia la víctima debido a que un amparo podría dejar en libertad a alguno de sus agresores, aunque señaló que ha mantenido conversaciones con Rosalinda Ávalos y que esta última ha mostrado una actitud positiva hacia los supuestos avances en la investigación de su caso. Sin embargo, la fiscal se reservó el comentar detalles específicos sobre las razones detrás de la falta de acción en cuanto a la protección solicitada por Ávalos.

A pesar de las declaraciones la víctima ha expresado su frustración ante la aparente rapidez con la que se resuelven los amparos a favor de los criminales, en comparación con la inacción percibida en el caso de su protección personal, por lo que teme por su seguridad ante quien pudiera salir a las calles y reintegrarse a las filas de la delincuencia y cobrar venganza por la reclusión.

García Cázares finalmente señaló que se está evaluando la pertinencia de otorgar medidas de protección adicionales a Rosalinda Ávalos, destacando que hasta el momento no se han implementado porque, según su percepción, la víctima está tranquila por las reuniones sostenidas con ella.