San Luis Potosí, S.L.P., viernes 19 de septiembre de 2025.– El edificio construido en la Zona Industrial de la capital potosina para albergar oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa sin ser entregado por la administración a la Fiscalía, confirmó la titular de la institución, María Manuela García Cázares.

“A nosotros no nos fue entregado ese edificio. No, no, no lo tenemos”, declaró la fiscal al precisar que el inmueble, levantado con recursos estatales y federales, no se encuentra bajo posesión de la dependencia que encabeza. “No, no, fue recurso estatal o federal, pero no es de la Fiscalía”, reiteró, deslindando a la institución de la inversión realizada.

El tema salió a colación luego de recordarse que el Oficial Mayor de Gobierno impulsaba la posibilidad de trasladar algunas dependencias estatales a la Plataforma Logística de San Luis (PILA), donde se ubica el inmueble originalmente destinado a la FGE. No obstante, García Cázares rechazó que exista un proyecto de reubicación y enfatizó la relevancia de mantener la sede de la Fiscalía en el centro de la ciudad, por su cercanía con la ciudadanía.

La historia del edificio se remonta a hace dos años, durante la gestión de José Luis Ruiz Contreras como fiscal. La obra fue concluida, pero nunca equipada con servicios básicos de agua, energía eléctrica ni internet, lo que impidió su entrega formal y operación.

En septiembre de 2023 se documentó que, pese a estar terminado en su estructura, el inmueble no estaba en condiciones de uso. La inversión había sido financiada con recursos públicos estatales y federales, sin participación presupuestal de la Fiscalía, lo que dejó en entredicho su destino y utilidad.

Aunque se realizaron estudios técnicos, el espacio quedó en abandono administrativo, convirtiéndose en un caso emblemático de infraestructura pública sin aplicación práctica. La ausencia de servicios y la falta de un plan de traslado transformaron la obra en un edificio vacío, sin beneficio para la institución que se suponía debía fortalecer.

Dos años después, el inmueble continúa en la misma situación: sin entrega oficial, sin funciones y sin perspectivas claras de aprovechamiento. “No hay ningún plan de cambiar la dependencia de lugar, ya que donde estamos es accesible para la ciudadanía”, recalcó la fiscal García Cázares.