San Luis Potosí, S.L.P., jueves 07 de agosto de 2025.- El costo de las viviendas en la zona metropolita ya refleja un alza de entre 5 y 8 por ciento, derivada del encarecimiento de insumos clave para la construcción, como el acero y el aluminio. Así lo confirmó Olga Espitia Lanzua, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), quien recordó que desde inicios de año se había advertido este ajuste y que, pese a que algunos desarrolladores aún mantienen tarifas de 2024, la mayoría ya actualizó sus precios.
Ante este escenario, muchas familias y trabajadores han optado por unir esfuerzos a través de esquemas compartidos de crédito INFONAVIT, que permiten alcanzar montos cercanos a un millón 300 mil pesos, cifra que hoy representa el umbral para adquirir una vivienda digna.
La representante de la AMPI señaló que el segmento con mayor demanda y oferta es el de propiedades con un valor aproximado de millón y medio de pesos. No obstante, advirtió que persiste un déficit de vivienda de interés social, por lo que los programas anunciados por las autoridades podrían significar una oportunidad para atender a los sectores más vulnerables.
“Este incremento ya estaba previsto, aunque se había contenido por diversos factores; ahora ya se hizo visible. Sí hay desarrolladores que pueden mantener precios del año pasado, pero son los menos”, explicó, recomendando a quienes cuentan con créditos autorizados cerrar negociaciones cuanto antes para evitar que los costos sigan subiendo.
Además del encarecimiento, el mercado inmobiliario enfrenta un desafío reputacional. El notario Ángel Saúl Méndez Alba, de la Notaría 14, advirtió que para 2025 se prevé una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como Ley Antilavado), que impondrá nuevas obligaciones a quienes intervengan en transacciones de bienes raíces.
Según Méndez Alba, es prioritario dotar al sector de mayor certidumbre jurídica para evitar que operaciones legítimas sean confundidas con actividades ilícitas, sin dejar de reforzar los mecanismos de verificación. La capacitación constante de asesores, agentes y notarios —subrayó— será esencial para cerrar el paso a quienes pretendan utilizar el sector como fachada para recursos de procedencia ilícita y, al mismo tiempo, reforzar la confianza de los compradores.
