La colectiva ILE declaró que la despenalización del aborto en San Luis Potosí es un hecho irreversible, aunque subrayó que el Congreso estatal aún debe ajustar las leyes para formalizar esta decisión. La organización solicitó información a la Fiscalía General del Estado (FGE) para confirmar si esta institución podría continuar persiguiendo el delito de aborto en los casos en que mujeres o personas gestantes interrumpieran su embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación. La fiscalía respondió que, en virtud de una sentencia de inconstitucionalidad, no podría judicializar ni avanzar en los procesos penales bajo esos supuestos.

Para la colectiva, esta respuesta demuestra que la despenalización ya es una realidad práctica en San Luis Potosí. La organización enfatizó la necesidad de informar adecuadamente sobre el cambio, ya que algunas mujeres y personas gestantes podrían aún temer buscar ayuda médica o de acompañamiento ante el riesgo de sanciones legales.

La colectiva también hizo un llamado a sectores conservadores, como el Consejo Coordinador Ciudadano, para reconocer que la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas es un hecho consumado, y que corresponde al Congreso adecuar las normas y garantizar el acceso seguro a estos servicios de salud. Esto, sostienen, evitará los riesgos sanitarios de una práctica que hasta hace poco se realizaba de manera clandestina.

Finalmente, la organización recordó que se acerca el plazo para que el Congreso cumpla con la sentencia judicial y exhortó a los legisladores a actuar con apego a los derechos humanos y las directrices del Poder Judicial de la Federación.