San Luis Potosí, S.L.P., viernes 10 de octubre de 2025.- En los últimos seis años, más de 500 carpetas por agresiones sexuales y violencia contra menores se han abierto en San Luis Potosí, pero apenas una ha sido judicializada, denunció Sandra del Río Contreras, representante de la Fundación Granito de Arena. La activista calificó la situación como una “crisis de impunidad” que mantiene a cientos de niños y niñas sin justicia.

Del Río advirtió que los casos de abuso infantil han aumentado de manera “exponencial” tanto en México como en el estado, sobre todo en jardines de niños y primarias. “Las denuncias no prosperan porque las investigaciones están mal integradas o porque las autoridades revictimizan al menor; mientras tanto, los agresores siguen libres”, afirmó.

La representante de Granito de Arena organización con 15 años de trabajo en la atención a víctimas infantiles señaló que siete de cada diez niñas y niños en el país han sufrido algún tipo de agresión, desde acoso y tocamientos hasta explotación sexual. Subrayó además el incremento de casos cometidos por mujeres contra otros menores, lo que, dijo, es aún más difícil de detectar y denunciar “porque el marco legal protege más a la mujer que a los niños”.

Ocho de cada diez abusos, indicó, ocurren dentro del entorno familiar, lo que genera miedo y silencio en las víctimas. Por esa razón, Del Río presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado y establecer un protocolo de actuación en escuelas ante casos de abuso o maltrato.

“Las maestras y los maestros detectan señales, pero no tienen las herramientas ni el respaldo para intervenir. Muchos niños han normalizado el abuso y no saben que están siendo violentados”, explicó. La propuesta busca ofrecer capacitación y apoyo legal a las instituciones educativas para que puedan actuar de manera inmediata.

Del Río lamentó que una iniciativa similar en Nuevo León se haya detenido por intereses políticos y confió en que, en San Luis Potosí, los legisladores y la sociedad respalden la propuesta: “Los adultos tenemos la responsabilidad de proteger a los niños y garantizarles una infancia libre de violencia”.