San Luis Potosí, S.L.P., jueves 5 de junio de 2025.– Jesús Alfonso Rosales contaba con un dictamen médico que le otorgaba incapacidades temporales renovables, sin embargo, nunca se le concedió una pensión definitiva. Según denuncian sus hijas, cada vez que intentaban avanzar en el proceso para obtenerla, la documentación se extraviaba o se retrasaba en trámites administrativos, en lo que consideran una estrategia institucional para evadir responsabilidades.

El punto de quiebre se dio en septiembre de 2024, cuando la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado lo dio de baja del sistema, dejándolo sin acceso al seguro médico ni a su salario. En noviembre, Rosales Vázquez fue internado en la Clínica Zapata del IMSS, donde recibió una sonda sin el seguimiento adecuado. Fue allí donde contrajo la bacteria que más tarde desencadenó la sepsis que le causó la muerte.

Durante sus últimos meses, la familia asumió todos los gastos médicos: traslados en ambulancia, insumos y sondas que no fueron proporcionados ni por el Estado ni por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) intervino y emitió recomendaciones para reactivar su seguro médico, la atención llegó demasiado tarde: su salud ya estaba gravemente comprometida.

En enero de 2025, tras la intervención de la CNDH, se le reactivó temporalmente el seguro, pero sólo por una quincena. Posteriormente, el beneficio fue suspendido sin explicación alguna, mientras su estado de salud se agravaba. Aunque estaba inscrito en el programa de atención domiciliaria ADEK, se le negó el servicio por no estar registrado en la clínica correspondiente.

Días después de su fallecimiento, la familia recibió un oficio oficial donde apenas se programaba su caso para revisión de pensión. El documento fue calificado por sus hijas como un acto de crueldad institucional. “Es una falta de respeto que apenas ayer Oficialía Mayor emitiera un documento para analizar si le darían pensión, cuando desde el lunes ya sabían que estaba muerto”, denunció Dulce María entre lágrimas.

Hasta el momento, la familia no ha recibido ninguna información sobre una pensión para los deudos, ni una disculpa institucional. Pese a los dictámenes médicos y las quejas interpuestas ante la CNDH, ninguna de las autoridades involucradas –SEER, Oficialía Mayor o IMSS– ha asumido su responsabilidad.