San Luis Potosí, lunes 24 de marzo de 2025.- México vive una de las crisis de derechos humanos más graves en su historia reciente: más de 125.000 personas han desaparecido desde el inicio del siglo XXI, según las cifras oficiales. De esas desapariciones, la gran mayoría ocurrieron desde 2006, cuando comenzó a agudizarse la violencia relacionada con los carteles de drogas y las disputas territoriales. Más de 60.000 personas desaparecieron solo desde 2019, y muchas de estas víctimas son jóvenes, tanto hombres como mujeres. Aunque las cifras son estremecedoras, las familias siguen enfrentando la impunidad y la indiferencia de las autoridades.
El hallazgo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, en marzo de 2024, ha puesto de aliviar la magnitud de esta crisis. El rancho fue utilizado por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como un centro de reclusión, entrenamiento y exterminio, lo que se ha convertido en un símbolo del fracaso del Estado mexicano. Este centro clandestino, lleno de fosas comunes y restos óseos, ha evidenciado la brutalidad con la que operan los grupos criminales en el país. A pesar de que la Guardia Nacional había cateado el rancho seis meses antes, no fue sino hasta que los colectivos de búsqueda de desaparecidos, como Guerreros Buscadores de Jalisco, ingresaron al lugar que se destapó este horror.
Los jóvenes son el grupo más afectado por las desapariciones. De los más de 125.000 desaparecidos, alrededor de 60.000 son hombres entre 15 y 39 años, y las cifras de mujeres desaparecidas, aunque menores, también son alarmantes. En muchos municipios pequeños, la desaparición de mujeres es un fenómeno alarmante, con más de 28.800 mujeres desaparecidas en todo el país. Estas desapariciones son especialmente prevalentes en las zonas de la frontera norte y en grandes ciudades como Guadalajara y Tijuana, donde las familias siguen luchando por respuestas.
La administración de Claudia Sheinbaum ha comenzado a tomar medidas para abordar la crisis, aunque estas no son vistas con optimismo por parte de las familias de las víctimas. La presidenta ha propuesto una serie de reformas que incluyen la unificación de bases de datos forenses, la creación de una alerta de búsqueda inmediata sin esperar las 72 horas actuales y la mejora de las instituciones encargadas de la búsqueda de desaparecidos. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para calmar el escepticismo de quienes han estado buscando a sus seres queridos durante años sin recibir respuestas.
Una de las principales críticas a las autoridades es su falta de acción frente a la magnitud de la crisis. Las familias de las víctimas han formado colectivos de búsqueda, enfrentándose a las amenazas de los carteles y la falta de apoyo institucional. Desde 2011, al menos 22 personas que formaban parte de estos colectivos han sido asesinadas, y otros dos siguen desaparecidos. Esta lucha incansable por encontrar a los desaparecidos, que sigue sin el apoyo adecuado del gobierno, ha llevado a muchos a denunciar lo que algunos llaman un “proyecto desaparecido”, un sistema que permite que los cuerpos sean ocultos y los rastros del delito sean borrados.
La desaparición forzada se ha convertido en un fenómeno que afecta a todo el país, ya que el 75% de los municipios mexicanos han reportado casos de desapariciones. Sin embargo, las principales zonas afectadas por esta crisis son los estados de Jalisco, Tamaulipas, Baja California y Sinaloa, donde los grupos criminales operan con total impunidad. En Guadalajara, por ejemplo, se han encontrado 28 sitios de exterminio en solo un año, lo que subraya la presencia de estos grupos en las principales áreas urbanas del país. El caso de Teuchitlán no es un hecho aislado, sino solo la punta del iceberg de una realidad mucho más amplia y devastadora.
La desaparición de personas en México está estrechamente vinculada a la violencia generada por los carteles de drogas, que requieren jóvenes para engrosar sus filas. Los testimonios de sobrevivientes a centros de exterminio como los que operan en Jalisco revelan que muchos de los desaparecidos fueron secuestrados por simple casualidad, como en el caso de Christofer Antony, un joven de 16 años que fue secuestrado y llevado a uno de estos centros de reclusión tras encontrar trabajo por internet. Su madre, Laura, no supo nada de él durante tres meses, hasta que finalmente pudo hablar con él. Desafortunadamente, la última vez que tuvo noticias de su hijo fue a través de una llamada telefónica en la que escuchó disparos antes de perder la comunicación. El hallazgo de una prenda de ropa en el rancho de Teuchitlán en marzo de 2024 le dio una ligera esperanza, pero las preguntas siguen sin respuesta.
La situación es aún más grave para las mujeres, muchas de las cuales son víctimas de trata de personas. La desaparición de mujeres a menudo está relacionada con el abuso sexual y la explotación laboral, pero las autoridades no han hecho lo suficiente para abordar este problema de manera integral. Las familias, como la de Elda Adriana Váldez, una joven que desapareció en Guadalajara, enfrentan una indiferencia total por parte de las autoridades, quienes no han hecho nada para localizarlas.
El número de desapariciones sigue aumentando, y aunque las autoridades siguen prometiendo soluciones, las familias continúan buscando a sus seres queridos en un país donde la impunidad y la violencia siguen marcando la pauta. A medida que crece el número de desaparecidos, también lo hace el reclamo de justicia. México, un país marcado por las desapariciones, enfrenta la necesidad urgente de encontrar respuestas, y las familias de los desaparecidos siguen siendo las principales buscadoras de verdad y justicia.
