La renuncia de Manuela García Cázares como magistrada numeraria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) plantea un escenario inédito: la posibilidad de que su vacante sea cubierta mediante elección popular, conforme a la reforma judicial que entrará en vigor en 2025.

El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno señaló que esta decisión está en sintonía con los principios de modernización y democratización del Poder Judicial impulsados por la nueva reforma.

Según el legislador, el proceso busca involucrar a la ciudadanía en la designación de jueces y magistrados, otorgándoles un papel más activo en decisiones clave para el estado.

García Cázares presentó su renuncia antes de que expirara la licencia que le había permitido desempeñarse como fiscal general del estado.

La solicitud será discutida y votada el próximo martes por las comisiones legislativas competentes, marcando el inicio de un proceso que podría convertirse en un precedente para futuros nombramientos en el Poder Judicial.

De concretarse, esta sería una de las primeras vacantes en ser incluidas bajo el esquema de elección popular, enmarcando un cambio significativo en la forma en que se eligen a los responsables de impartir justicia en San Luis Potosí.