San Luis Potosí, S.L.P., martes 01 de septiembre de 2026.- Los amparos promovidos contra obras con posibles afectaciones ambientales en San Luis Potosí continúan avanzando en los tribunales, pese a la presentación de recursos que han provocado el aplazamiento de algunas diligencias, afirmó el activista Luis González Lozano.


El ambientalista acusó al gobierno estatal de recurrir de manera sistemática a mecanismos legales para prolongar los procedimientos, aunque reconoció que estas acciones no han impedido que los juicios sigan su curso.


Entre los casos mencionó los relacionados con Dinoasís, anteriormente conocido como Splash del Tangamanga, donde un recurso de queja evitó que se llevara a cabo una inspección previamente programada. También citó el caso de la avenida Río Santiago, en el que un recurso similar frenó inicialmente una diligencia, aunque posteriormente fue desechado por improcedente.


Uno de los procedimientos tendrá una nueva diligencia el próximo viernes 4 de septiembre, cuando se realizará una inspección judicial vinculada con el derribo de 201 árboles. González Lozano señaló que la revisión fue ordenada por un juez a partir de una declaración de la titular de SEDUVOP, en la que se reconoció la eliminación de ejemplares que, de acuerdo con el documento, se encontraban en condiciones saludables.


El activista cuestionó que el derribo pueda presentarse como una medida de mitigación o recuperación ambiental, debido a que los árboles afectados requieren años para alcanzar su desarrollo y no pueden ser reemplazados de manera inmediata.


González Lozano señaló que también siguen en trámite los amparos relacionados con el río Axtla y la Presa de San José, algunos de los cuales, aseguró, ya cuentan con resoluciones favorables y órdenes judiciales para evitar determinadas afectaciones ambientales.


Precisó que las resoluciones judiciales no significan necesariamente la suspensión total de las obras, sino que establecen restricciones cuando los trabajos implican daños al arbolado, la flora o la fauna. Por ello, una construcción puede continuar si se desarrolla sin afectar árboles o mediante acciones que respeten las condiciones ambientales establecidas.


La inspección del 4 de septiembre permitirá identificar las zonas con arbolado urbano y aquellas donde no existen ejemplares que puedan resultar afectados. El objetivo, sostuvo, no es impedir las obras, sino determinar bajo qué condiciones pueden realizarse sin incrementar el daño ambiental.


Como referencia, mencionó el nuevo Puente de la Familia, donde, afirmó, los trabajos han permitido conservar parte del arbolado existente. A su juicio, el conflicto surge cuando las obras requieren derribos o podas excesivas que no corresponden a las características de los árboles ni a las necesidades del proyecto.