San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 25 de junio de 2025.- El programa “Mi Pase”, promovido originalmente como un mecanismo de apoyo para la movilidad estudiantil, ha transitado por una ruta accidentada desde su lanzamiento en 2023. Prometía transporte gratuito y sin complicaciones para más de 25 mil universitarios potosinos; sin embargo, terminó convirtiéndose en un ejemplo paradigmático de una política pública mal planeada, peor ejecutada y poco transparente. Hoy, dos años después de su fallido arranque, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Estado, ahora bajo la titularidad de Araceli Martínez Acosta, anuncia un “nuevo proyecto” que, en esencia, revive la idea original de unificar los esquemas de tarjeta única.

Con una inversión superior a los 60 millones de pesos, *Mi Pase” fue impulsado como un programa emblemático por el gobierno estatal. La tarjeta otorgaba 60 viajes mensuales gratuitos a estudiantes; sin embargo, con la renovación, ahora únicamente entregará 40, con el objetivo de aliviar la carga económica de las familias y reducir la deserción escolar.
Pero las constantes fallas operativas, el desinterés institucional y la falta de voluntad por parte de transportistas derivaron en el colapso técnico y funcional del sistema, obligando a regresar al esquema anterior. Incluso en el reparto de tarjetas a adultos mayores se optó por entregar tarjetas City Bus o Urban Pass, según la necesidad de los usuarios.

Desde abril de 2023, los conflictos internos entre concesionarios particularmente en las empresas Línea Guadalupe Siglo XXI e Impacto Total del Transporte comenzaron a reportar fallas en los dispositivos para validar los viajes. Incluso en su momento se denunció que dichos dispositivos dañaban el sistema de videovigilancia de los camiones urbanos, por lo que fueron desconectados deliberadamente, y los operadores se negaban a aceptar el plástico ante “fugas” económicas con el nuevo sistema.

Las fallas se acumularon: validadores que no leían las tarjetas, dispositivos dañados, resistencia de choferes y falta de mantenimiento. El descontento entre estudiantes se volvió generalizado, derivando incluso en protestas públicas. La SCT, encabezada entonces por Leonel Serrato Sánchez, minimizó las quejas.

Fue en agosto de 2023 cuando estudiantes de la UASLP, agremiados al Comité Organizador de la Comunidad Universitaria, denunciaron formalmente a la SCT por la negligencia en la implementación del programa. Expusieron que, además del mal funcionamiento de los dispositivos, la falta de reposición de tarjetas perdidas, el desinterés institucional ante las quejas y la opacidad sobre las empresas contratadas para operar el sistema evidenciaban una grave crisis de gestión pública.

La SCT jamás aclaró qué empresas estaban detrás del fallido software ni presentó auditorías públicas sobre el gasto de los 60 millones de pesos invertidos.

En mayo de 2025, el programa finalmente colapsó: 800 unidades dejaron de aceptar la tarjeta, dejando a más de 25 mil estudiantes sin acceso al beneficio. El argumento: los concesionarios no recibían los pagos correspondientes. La SCT, ya bajo la dirección de Araceli Martínez, guardó silencio en su momento.

Miles de jóvenes, que ya habían estructurado su vida académica en función del beneficio, tuvieron que reajustar su presupuesto para costear su transporte. Algunos incluso comenzaron a faltar a clases por no poder cubrir los pasajes. Las autoridades, mientras tanto, se dedicaron a maquillar el fracaso.

Hoy, Araceli Martínez Acosta intenta resucitar “Mi Pase” bajo el discurso de que es “un nuevo proyecto”. Según sus declaraciones, el programa fue replanteado y corregido: ahora los estudiantes deberán hacer un nuevo registro para obtener 40 viajes mensuales (20 menos que antes), con validadores “mejorados” y sin dispositivos externos.

Martínez Acosta reconoce que “todo el mundo sabe que hubo una falla que impedía que la tarjeta se leyera”, pero se deslinda, asegurando que ya está resuelto. Dice que hubo acercamiento con los concesionarios y que ahora los nuevos validadores están listos. Pero omite detalles sobre las garantías, los contratos o las lecciones aprendidas.

Incluso la reducción de los viajes disponibles, de 60 a 40, representa una disminución disfrazada de ajuste operativo. Y, mientras tanto, miles de estudiantes deben volver a registrarse, como si nada hubiera pasado, como si su molestia no fuera legítima, como si el fracaso nunca hubiera existido.