San Luis Potosí, jueves 27 de febrero de 2025.- La política de inmigración implementada por el presidente Donald Trump ha generado una creciente preocupación entre las más de 12 millones de personas que residen legalmente en EE.UU. con una green card, especialmente con el enfoque en las deportaciones masivas y el endurecimiento de las políticas fronterizas. Aunque el Gobierno no ha adoptado medidas directas que afecten a los titulares de residencia permanente, la comunidad inmigrante se siente insegura ante los posibles impactos de esta agenda en sus derechos y estatus migratorio.

Aunque las personas con green card disfrutan de derechos como vivir y trabajar legalmente en el país, existen ciertos factores que pueden poner en peligro su estatus de residente. Los titulares pueden perder su residencia si cometen delitos graves, abandonan su lugar de residencia o permanecen fuera del país durante largos periodos. Además, la incertidumbre ha aumentado debido a las políticas restrictivas de la administración Trump, que incluso afectaron a quienes recibían beneficios públicos, como el Medicaid o los cupones de alimentos, durante su primer mandato.

Organizaciones de derechos civiles, como la ACLU, han señalado que, si bien la deportación masiva se centra principalmente en inmigrantes indocumentados, la retórica antiinmigrante podría extenderse a aquellos con estatus legal. La preocupación por las posibles detenciones erróneas y el impacto de estas políticas en la comunidad inmigrante ha llevado a los defensores de los derechos civiles a alertar sobre el peligro de que incluso los residentes legales se vean atrapados en esta marea de exclusión.