San Luis Potosí, S.L.P., viernes 09 de enero de 2026.– Ante la salida de al menos 120 trabajadores del Poder Judicial del Estado, el diputado local de Morena, Carlos Arreola Mallol, justificó la reestructura administrativa en curso al señalar que responde a un cambio de etapa en la institución, que exige ajustes internos y una revisión a fondo de una nómina que, dijo, creció de manera desordenada en los últimos años.


De acuerdo con el legislador, los despidos se concentraron principalmente en personal contratado bajo un esquema de fondo de apoyo, cuyos salarios se cubrían con partidas destinadas a personal auxiliar. Señaló que varios de estos contratos fueron renovados por años sin una base clara, por lo que su conclusión forma parte del proceso de reorganización, aun cuando algunos trabajadores acumulaban entre dos y cinco años de antigüedad.


Arreola Mallol reconoció que el funcionamiento cotidiano del sistema de justicia recae en buena medida en el personal de base y sindicalizado, por lo que sostuvo que sus derechos laborales deben permanecer intactos. No obstante, afirmó que la implementación de un nuevo modelo judicial implica cerrar procesos administrativos previos y redefinir estructuras que ya no resultan funcionales.


Desde el Congreso del Estado, el diputado informó que se impulsa una ley de carrera judicial con la intención de establecer reglas claras para el ingreso, permanencia y ascenso del personal, a fin de evitar esquemas discrecionales de contratación. Esta iniciativa, explicó, será discutida mediante un foro de Parlamento Abierto en conjunto con el Instituto de Investigaciones Legislativas y autoridades del Poder Judicial.


El legislador también advirtió que el Poder Judicial arrastra una situación financiera comprometida, marcada por adeudos y préstamos quirografarios que limitan su margen de operación. A su juicio, esta condición obliga a replantear el uso de los recursos públicos y a poner fin a prácticas que generaron cargas presupuestales insostenibles.


Finalmente, Arreola Mallol consideró indispensable la creación de un nuevo órgano de administración que permita ordenar el gasto, aplicar criterios de austeridad y eliminar áreas con funciones duplicadas, como parte de un proceso de depuración que, aseguró, busca fortalecer al Poder Judicial y no debilitarlo.