San Luis Potosí, S.L.P., martes 09 de junio de 2026.- A más de cinco años de la implementación del Nuevo Modelo de Justicia Laboral, los resultados en San Luis Potosí distan de cumplir con la promesa de una justicia más ágil y eficiente. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que alrededor del 90 por ciento de los expedientes laborales iniciados en la entidad permanecen sin una resolución definitiva.
De acuerdo con el informe Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral Estatal (RELABE) 2020-2025, entre noviembre de 2020 y diciembre de 2025 se abrieron 11 mil 348 expedientes laborales en el estado. De ellos, 11 mil 068 fueron radicados y en 9 mil 115 casos se admitió la demanda.
Sin embargo, únicamente mil 170 expedientes han sido concluidos, mientras que miles continúan en trámite. La cifra evidencia una brecha considerable entre los asuntos que ingresan al sistema y aquellos que logran una resolución.
El volumen de casos pendientes coloca a San Luis Potosí entre las entidades con mayores dificultades para abatir la carga de trabajo. Al cierre de 2025, el estado registró más de seis mil expedientes en proceso de resolución, ubicándose en el lugar 12 nacional por este indicador.
Los conflictos laborales de carácter ordinario aquellos relacionados principalmente con despidos injustificados, prestaciones o reclamos salariales representan la mayor parte de la carga judicial. Del total de asuntos abiertos durante el periodo analizado, 7 mil 762 corresponden a esta categoría.
Además, de los expedientes aún en trámite, más de cuatro mil 500 son precisamente de tipo ordinario, lo que refleja la persistencia de controversias laborales sin una solución definitiva para trabajadores y empleadores.
El informe también documenta la existencia de 32 expedientes de huelga abiertos y radicados durante los últimos cinco años. Al concluir 2025, una tercera parte de ellos seguía sin resolverse.
Especialistas han señalado que uno de los factores que explican la lentitud en la impartición de justicia laboral es la limitada infraestructura judicial. Entre 2023 y 2025, San Luis Potosí reportó contar únicamente con un órgano jurisdiccional especializado en materia laboral y apenas cuatro personas juzgadoras encargadas de atender todos los asuntos del estado.
La cifra contrasta con entidades como Jalisco, que dispone de 30 personas juzgadoras en esta materia, lo que permite una mayor capacidad para procesar y resolver expedientes.
Los datos del INEGI muestran que, pese a la reforma laboral impulsada para agilizar los procesos y garantizar un acceso más efectivo a la justicia, la capacidad institucional en San Luis Potosí continúa siendo insuficiente para responder al volumen de conflictos laborales que llegan a los tribunales.
