San Luis Potosí, domingo 8 de junio de 2025.- Un elemento de la Guardia Civil Estatal (GCE) obtuvo un amparo federal que le restituye el derecho a recibir nuevamente el bono de estímulo social y de riesgo operativo, luego de que este le fuera retirado de manera arbitraria por la autoridad estatal.

La resolución fue emitida por un juez de distrito, quien consideró que la suspensión del bono vulnera derechos adquiridos del servidor público y contraviene principios constitucionales que prohíben la disminución de prestaciones laborales sin una causa legal justificada.

El fallo no solo obliga a la autoridad responsable a reinstaurar el pago del estímulo económico al elemento afectado, sino que también sienta un precedente para otros integrantes de corporaciones de seguridad pública en el estado y el país.

Especialistas en derecho laboral consultados explicaron que este tipo de resoluciones reafirman que los beneficios laborales otorgados a servidores públicos no pueden ser modificados de forma unilateral, ya que forman parte de su salario integral y están protegidos por la ley.

El amparo cobra especial relevancia en un contexto donde diversas corporaciones policiacas han denunciado recortes a estímulos, bonos o compensaciones sin previo aviso ni fundamento jurídico.

Con esta resolución, el elemento afectado podrá recuperar de manera retroactiva el monto correspondiente al bono que se le dejó de pagar y continuar recibiéndolo conforme a las condiciones previamente establecidas.

Organizaciones de derechos humanos y colectivos de policías han celebrado la resolución como un avance hacia el reconocimiento de los derechos laborales de quienes integran las fuerzas del orden, muchas veces expuestos a condiciones de trabajo de alto riesgo y sin garantías plenas.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado ni la Guardia Civil Estatal han emitido un posicionamiento oficial al respecto.