San Luis Potosí, S.L.P., martes 28 de octubre de 2025.- Tras la resolución de una jueza federal que prohíbe detener a conductores de Uber en aeropuertos del país, la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en San Luis Potosí, Araceli Martínez Acosta, afirmó que el gobierno estatal trabaja en una reforma legal para sancionar a las empresas de transporte por aplicación que operan sin registro local, a fin de garantizar seguridad y orden en el servicio.

La funcionaria aclaró que, aunque el fallo federal protege a los operadores en zonas de jurisdicción federal, la regulación estatal sigue siendo obligatoria para aquellas unidades que prestan servicio dentro del territorio potosino. “Lo importante ahora es legislar para que haya sanciones a las empresas por el incumplimiento de las leyes locales. Primero deben registrarse las empresas y después sus conductores o socios conductores”, subrayó.

Martínez Acosta explicó que la dependencia no busca abrir diálogo con las plataformas en este momento, sino reforzar el marco jurídico que permita sancionar a las compañías por incumplir la normatividad y operar sin control. Señaló que actualmente se realiza un diálogo con taxistas y algunos grupos de operadores, quienes dijo no se oponen a la existencia del servicio digital, sino al número desmedido de vehículos particulares que trabajan sin registro, lo que afecta la viabilidad económica del transporte concesionado.

“Los taxistas no están en contra de las plataformas; su molestia es que haya cientos de unidades ofreciendo el servicio sin estudios de factibilidad ni autorización. Mientras a ellos se les exige cumplir con reglas, otros operan sin vigilancia ni responsabilidad”, enfatizó la titular de la SCT.

Martínez Acosta alertó además que la falta de regulación representa un riesgo para los usuarios, pues las autoridades estatales no tienen información ni control sobre quiénes ofrecen el servicio ni bajo qué condiciones. Recordó que recientemente se registró en San Luis Potosí un caso de violación cometido por un supuesto conductor de plataforma, del cual la dependencia no cuenta con datos debido a la ausencia de registros oficiales.

La secretaria reiteró que el objetivo no es eliminar las aplicaciones, sino establecer mecanismos de control y sanción que garanticen seguridad tanto para los usuarios como para los propios conductores. “No es una cacería contra particulares. Es un tema de seguridad y de legalidad; tiene que haber regulación y vigilancia de la autoridad”, precisó.