San Luis Potosí, S.L.P., martes 5 de mayo de 2026.– La representación estatal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en San Luis Potosí funciona, en los hechos, como un “espacio fantasma”, denunciaron integrantes del Observatorio Indígena Mesoamericano, al señalar que no existe una sede operativa visible ni personal que atienda a las comunidades indígenas.

De acuerdo con los activistas Juan Felipe Cisneros Sánchez y Rafael Reyes Martínez, la dirección oficial registrada en la página del INPI, ubicada en la colonia Del Valle, no corresponde a una oficina en funcionamiento y tampoco hay líneas telefónicas disponibles, lo que deja a los usuarios sin canales básicos de atención.

La situación se agrava al no poder localizar al titular de la representación, Mario Alberto Godoy Ramos, de quien, aseguran, se desconoce su lugar de trabajo. Incluso, al consultar registros públicos, aparece vinculado a otra entidad, sin que exista evidencia clara de sus funciones en ese estado.

“Se trata de una simulación institucional: hay un nombramiento, pero no hay oficina, no hay personal y no hay atención”, acusaron los denunciantes, quienes cuestionaron el uso de recursos públicos ante la ausencia de servicios para la población indígena.

Los integrantes del OIM subrayaron que la Ley del INPI establece la obligación de contar con oficinas de representación en las entidades federativas para garantizar atención directa y coordinación interinstitucional; sin embargo, en San Luis Potosí estas disposiciones no se estarían cumpliendo.

Además del titular, señalaron que tampoco hay rastro del equipo de trabajo que debería integrar la oficina estatal, estimado en al menos 15 personas, lo que refuerza la percepción de abandono institucional hacia las comunidades indígenas del estado.

Ante estos hechos, se presentó una denuncia formal ante el Órgano Interno de Control del INPI, misma que fue registrada en el sistema de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, donde se investiga la posible comisión de faltas administrativas.

Pese a que, de manera extraoficial, se conoce que el funcionario fue requerido para aclarar su situación, hasta el momento no se han dado a conocer sanciones ni acciones concretas para corregir lo que los denunciantes califican como una ausencia total del Estado en la atención a los pueblos indígenas en San Luis Potosí.