Magui Zacarías
La abogada y activista feminista, Arely Torres Miranda calificó como indignante que la ley permita reparación del daño a través de multas para los agresores sexuales que ejercen el abuso de su poder político, como ocurrió recientemente con Alfredo Lujambio Cataño, ex regidor del Ayuntamiento capitalino y ex presidente municipal interino en sustitución de Xavier Nava Palacios, quien cambió dos años de prisión que le fueron impuestos mediante un juicio abreviado, por una suspensión a su pena privativa de la libertad con una multa de 42 mil pesos para la reparación del daño.
Respecto al proceso legal que siguió el ex funcionario declaró, “sí, es un derecho que él tiene por ley, pero estamos hablando que de esta manera nunca se van a cambiar ni erradicar estas estructuras de poder donde vemos que el agredir a una mujer se puede compensar con dinero y que eso nos coloca en una situación de vulnerabilidad y desventaja, porque cuando alguien agrede a una mujer, pagó dinero, tomó un curso y vuelve a ser funcionario y siendo funcionario vuelve a agredir a una mujer y no pasa nada”, refiriendo también a la sanción que se impuso recientemente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien tuvo que tomar un curso en materia de género, luego de agredir públicamente a una funcionaria.
Aseveró que estas conductas siguen replicándose, porque la ley protege a los agresores y les brinda la posibilidad de deslindarse por cantidades económicas indignantes y cursos que no exigen una aplicación práctica, por lo que exhortó a las autoridades a implementar una formación integral en derechos humanos para todos los servidores públicos, que rechace el ejercicio de cargos públicos por personas con antecedentes en agresiones.
Este lunes en la capital potosina, se firmó el Pacto por las Mujeres de la Capital del Sí, en donde funcionarios municipales se comprometieron a otorgar acceso preferencial a mujeres, niñas y adolescentes en riesgo; conjuntar esfuerzos para salvaguardar su integridad, garantía del Derecho y mantener la perspectiva de género; el alcalde Enrique Galindo Ceballos, reconoció como lamentable la impunidad para los servidores ante la violencia de género y declaró que “los que antes eran servidores públicos municipales hoy están confesos de la violencia que provocaron trabajadoras municipales… por lo que este pacto viene a complementar la voluntad del gobierno municipal de seguir luchando contra la violencia de las mujeres”.
