Alex Valencia
Rogel del Rosal Valladades, asesor de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, A.C., señaló que el acuerdo Monterrey VI, mediante el cual el gobierno de Nuevo León pretende hacer un acueducto en la parte del río Pánuco para abastecer del vital líquido al estado vecino es inviable, y además se topará con la lucha de al menos 400 comunidades autóctonas que no están dispuestas a permitir su ejecución.
Lo anterior, dijo, toda vez que caducó el tiempo para haber iniciado y aún si se mantuviera vigente, violaría la Constitución al vulnerar la garantía de acceso al agua para las comunidades indígenas.
La realización de este proyecto afectaría de manera directa a toda la cuenca del Pánuco, productores agrícolas, abasto de agua a comunidades indígenas, zonas urbanas marginadas y a los ecosistemas de la región, según señaló el activista.
“Incluso por el volumen de agua que se busca trasvasar, podría generar que parte de las aguas saladas del mar entraran al cauce del río, lo cual dañaría toda la región y sería devastador”, comentó en entrevistas.
Informó que el permiso otorgado por la Comisión Nacional del Agua data del año 2011 y la ley establece un plazo de dos años para ponerse en marcha, por lo que actualmente ya es inválido por la vía legal, e incluso sería inviable tanto por el daño al ecosistema como por no haberse ejercido en plazo correspondiente.
Dijo que van a tratar ese tema con la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues de retomarse, se afectarían a cerca de 400 comunidades indígenas de la huasteca, que representan a cerca de 750 mil habitantes urbanos y rurales, de los cuales medio millón son pueblos originarios.
Con relación a que hay posibilidad de que la pretensión del gobierno de Monterrey no sea en realidad para abastecer a la población, sino para beneficiar a empresas que trabajan con la técnica de fracking, indicó que dentro de los polígonos de hidrocarburos del área cercana a Monterrey, la industria extranjera de esa zona se vería beneficiada a costa del derecho humano al agua, lo cual consideró como impermisible.
Agregó que en días pasados se realizó un foro regional de autoridades comunitarias en la que se generó un pronunciamiento unánime en contra del proyecto Monterrey VI en el cual se revisaron varias vías conjuntas para impedirlo, como recurrir al estudio de impacto ambiental, paso de derecho de vía, viabilidad económica y otros aspectos que habría que considerar, así como el derecho de las comunidades indígenas a ampararse.
