San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 4 de marzo de 2026. – La consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Dania Paola Ravel Cuevas, consideró incongruente que se plantee otorgar mayores atribuciones al organismo electoral mientras se propone reducir en 25 por ciento su presupuesto, así como el de los organismos públicos locales electorales y los partidos políticos, dentro de la iniciativa de reforma electoral impulsada por el Gobierno Federal.

La funcionaria señaló que disminuir los recursos del instituto mientras continúan ampliándose sus responsabilidades podría afectar el desempeño de las funciones que actualmente tiene a su cargo.

Recordó que, desde la reforma electoral de 2014, cuando el Instituto Federal Electoral se transformó en el INE, el organismo ha asumido nuevas tareas, entre ellas la fiscalización nacional de los partidos políticos, la designación de consejeros electorales en los estados y la organización de diversos ejercicios de participación ciudadana.

A estas funciones se han sumado recientemente actividades como la organización de consultas populares, los procesos de revocación de mandato, la elección del Poder Judicial y nuevas obligaciones en materia de transparencia tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

En este contexto, advirtió que un recorte presupuestal al instituto y a los organismos electorales locales podría repercutir en la calidad de las tareas que desempeñan.
Ravel Cuevas también informó que el INE presentó diversas propuestas ante la comisión encargada de analizar la reforma electoral promovida por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre ellas se encuentra incorporar en la legislación acciones afirmativas para grupos en situación de discriminación, garantizar el voto de personas en prisión preventiva y consolidar el voto anticipado para personas con movilidad limitada o en condición de postración.

Finalmente, hizo un llamado al Congreso de la Unión para revisar la iniciativa con responsabilidad, analizar sus implicaciones y legislar considerando que del adecuado funcionamiento del sistema electoral depende que las transiciones políticas se desarrollen de manera pacífica y sin conflictos.