Nueva York, EE.UU., viernes 19 de diciembre de 2025.– La defensa de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México, presentó formalmente una apelación contra la sentencia de 38 años de prisión que le fue impuesta en Estados Unidos, al considerar que durante el juicio se cometieron graves violaciones al derecho del debido proceso.

Los abogados César de Castro y Valerie Gotlib ingresaron el pasado 18 de diciembre un documento de 78 páginas ante la Corte de Apelaciones, en el que exponen cinco argumentos principales con los que buscan revertir tanto el fallo condenatorio como la pena dictada por el juez Brian Cogan.

De acuerdo con la defensa, el proceso de apelación enfrentó diversos obstáculos, entre ellos los cambios constantes de centro penitenciario y la incomunicación a la que presuntamente estuvo sometido García Luna, lo que dificultó la preparación del recurso legal.

Tras la presentación del escrito, corresponderá a los fiscales responder a cada uno de los señalamientos. Posteriormente, la defensa tendrá una última oportunidad para replicar, antes de que la Corte de Apelaciones emita una resolución definitiva.

Cabe recordar que en febrero de 2024, un jurado federal declaró culpable a García Luna de cinco cargos relacionados con narcotráfico, tras un juicio que se extendió por poco más de un mes en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Seis meses después, el juez Cogan dictó una sentencia de 38 años de prisión y una multa de dos millones de dólares.

Los argumentos de la apelación

Entre los principales señalamientos presentados por la defensa se encuentran:

Testimonios falsos.
Los abogados sostienen que dos testigos clave incurrieron en perjurio, por lo que sus declaraciones debieron ser desechadas. Uno de ellos es el ex agente federal Francisco Cañedo Zavaleta, quien afirmó haber sido secuestrado por sicarios del grupo de los Beltrán Leyva como represalia por presuntos vínculos de García Luna con el Cártel de Sinaloa.
La defensa asegura contar con evidencia, que no fue considerada por el jurado, de que el día del supuesto secuestro García Luna se encontraba en un hospital privado realizando un pago relacionado con el tratamiento médico de su esposa. Además, señalan que el testigo mintió sobre su adscripción institucional y que su testimonio tuvo motivaciones políticas.

También cuestionan la credibilidad de Héctor Villarreal, ex secretario de Finanzas de Coahuila, al afirmar que ofreció datos cronológicamente imposibles, como visitas a instalaciones que no existían en ese momento o referencias a tecnología que no había sido adquirida por la Secretaría de Seguridad Pública.

Ocultamiento de evidencia exculpatoria.
La defensa acusa a la fiscalía de haber ocultado documentos favorables al acusado y de no revelar información sobre un testigo colaborador que presuntamente continuó delinquiendo mientras negociaba beneficios con el gobierno estadounidense.

Contrainterrogatorio censurado.
Los abogados aseguran que el juez impidió el contrainterrogatorio de los testigos Sergio Villarreal-Barragán y Harold Poveda-Ortega, cuyas declaraciones incluyeron conductas violentas y de índole sexual que, a juicio de la defensa, no estaban directamente relacionadas con el caso. Consideran que esta decisión violó el derecho a confrontar testigos y a un juicio justo.

Mini juicio patrimonial ilegal.
Otro de los señalamientos es que se permitió la exhibición de imágenes de bienes presuntamente asociados a García Luna, como una casa, un acuario y otros artículos, sin que se demostrara que fueran producto de actividades ilícitas. La defensa argumenta que esto violó la Regla 403 de la evidencia federal, al inducir al jurado a inferir culpabilidad por ostentación económica.

Sentencia y multa desproporcionadas.
Finalmente, los abogados califican la pena y la multa como irracionales y exageradas, al compararlas con las impuestas a otros exfuncionarios condenados por delitos similares. Señalan que la multa resulta incongruente, ya que durante el juicio se acreditó que García Luna no contaba con los recursos económicos necesarios, motivo por el cual se le asignaron abogados de oficio.

La resolución de la Corte de Apelaciones determinará si la sentencia se mantiene, se modifica o si el caso debe ser revisado nuevamente.