San Luis Potosí, S.L.P., viernes 07 de noviembre de 2025.– Entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025, 674 mujeres y personas con capacidad de gestar interrumpieron su embarazo en San Luis Potosí, pero casi siete de cada diez lo hicieron fuera del sistema público de salud, según un informe del Frente Marea Verde y otras organizaciones feministas.

El documento revela que, pese a la despenalización, persisten obstáculos legales, falta de capacitación médica y objeción de conciencia generalizada que impiden un acceso real al derecho a decidir. Los Servicios de Salud solo registraron 136 atenciones, mientras que el IMSS reportó 71, frente a los 467 acompañamientos realizados por redes feministas.

El informe también señala subejercicio presupuestal y ausencia de protocolos médicos: de los 2.2 millones de pesos asignados este año a la Interrupción Legal del Embarazo, menos de la mitad ha sido utilizada, y los medicamentos aún no han sido adquiridos.

Para las colectivas, la despenalización fue un paso histórico, pero el modelo actual sigue siendo “parcial, insuficiente y dependiente del acompañamiento civil”.