San Luis Potosí, S.L.P., domingo 14 de septiembre de 2025.– El comisionado presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), José Gerardo Navarro Alviso, advirtió que tanto el municipio de Villa de Pozos como la Arena Potosí están obligados desde su creación a cumplir con la normativa en materia de transparencia, pese a que aún se encuentran en proceso de consolidación de sus tablas de aplicabilidad.
Navarro detalló que hasta el 9 de septiembre, ambos sujetos obligados registraban apenas un 46 por ciento de avance en la publicación de información. Señaló que, tras vencerse el plazo para la actualización de sus campos, la CEGAIP inició verificaciones cuantitativas y cualitativas para evaluar el cumplimiento.
“Existe la obligación desde el día uno de transparentar toda su información. Una vez terminado el plazo, se inicia el proceso de verificación y, en caso de incumplimiento, podrían aplicarse sanciones que van desde amonestaciones hasta multas de 10 a 150 UMAS, mismas que deben cubrirse con recursos personales de los servidores públicos”, explicó.
El funcionario llamó a no esperar hasta fin de año para cumplir con la normativa, ya que la obligación de transparencia es mensual a nivel estatal y trimestral en la Plataforma Nacional. Asimismo, informó que la CEGAIP ha recibido denuncias ciudadanas y abierto procedimientos de oficio contra municipios con bajos niveles de cumplimiento, entre ellos Mexquitic de Carmona y Ahualulco, además de Villa de Pozos.
En cuanto al futuro del órgano garante, Navarro aclaró que, aunque San Luis Potosí aún no ha armonizado su normativa con la reforma constitucional federal, la CEGAIP continúa operando con la legislación vigente. “Las actuaciones que tiene la CEGAIP son legales. Seguimos exigiendo el cumplimiento de las obligaciones mientras el Congreso local aprueba la reforma y se define el nuevo esquema institucional en materia de transparencia”, señaló.
Finalmente, reiteró que los 254 sujetos obligados en el estado, incluyendo municipios y los tres poderes, deben cumplir con la normativa vigente y actualizar de manera constante la información pública en beneficio de la ciudadanía.
