San Luis Potosí, S.L.P., martes 09 de junio de 2026.- A un año de que organismos defensores de derechos humanos señalaran expresiones consideradas discriminatorias por parte del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, la activista y defensora de derechos humanos Kenya Cuevas criticó que el mandatario continúe sin emitir una disculpa pública dirigida a la comunidad LGBTQ+.

La defensora señaló que, pese al tiempo transcurrido y a los llamados de organizaciones civiles, no ha existido un reconocimiento del daño causado por las declaraciones del titular del Ejecutivo estatal, situación que consideró una muestra de omisión institucional frente a una población históricamente afectada por la discriminación.

Cuevas recordó que las personas de la diversidad sexual han enfrentado durante años actos de exclusión, violencia y estigmatización, por lo que sostuvo que los servidores públicos tienen la obligación de conducirse con respeto y garantizar los derechos de todas las personas. “No somos sus títeres ni somos sus chistes”, expresó.

La activista advirtió que la falta de una disculpa pública y de acciones concretas para reparar el agravio podría derivar en la promoción de recursos legales y acciones jurídicas en distintas instancias del país. Consideró que el caso no debe quedar únicamente en el ámbito de la opinión pública, sino traducirse en medidas que garanticen el respeto a los derechos humanos.

Asimismo, sostuvo que los discursos emitidos desde el poder tienen consecuencias sociales y pueden contribuir a reforzar prejuicios y prácticas de exclusión. Por ello, llamó al gobierno estatal a establecer mecanismos de diálogo con organizaciones de la sociedad civil y a impulsar procesos de capacitación dirigidos a funcionarios públicos en materia de diversidad sexual y derechos humanos.

“Así que, señor gobernador, se ponen las pilas para trabajar en conjunto con la sociedad civil y se pueda capacitar o vamos a empezar a tener acciones jurídicas legales en todo el país contra su persona”, manifestó.

La defensora también insistió en la necesidad de que las convicciones personales o religiosas de los funcionarios no interfieran en el ejercicio de sus responsabilidades públicas, particularmente cuando se trata de garantizar derechos reconocidos por la ley.

Finalmente, Kenya Cuevas afirmó que las organizaciones civiles continuarán vigilando el actuar de las autoridades y exigiendo que se cumplan las medidas de reparación y no repetición. Señaló que, a un año de los señalamientos por expresiones discriminatorias, la ausencia de una disculpa pública mantiene abierta una exigencia que sigue pendiente para la comunidad LGBTQ+ en San Luis Potosí.