Tras el revés legal que recibió el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) y el Congreso del Estado al intentar negarle el acceso al cargo al diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Marcelino Rivera Hernández, el organismo fiscalizador está evaluando la posibilidad de aplicar una retención salarial de hasta el 50 por ciento. Así lo dio a conocer Rodrigo Joaquín Lecourtois López.

Aunque aún no se han agotado los recursos legales en el juicio de Rivera Hernández, estas medidas buscan reintegrar a las arcas estatales más de 12 millones de pesos que se alegan como adeudos en el procedimiento de inhabilitación en su contra.

Mensualmente, los legisladores reciben un sueldo bruto de 132 mil 10 pesos, que incluye sus remuneraciones, seguridad social y retenciones. Así, su salario libre de impuestos asciende a 97 mil 46 pesos, más algunos bonos y apoyos legislativos.

Si se aplicara la retención propuesta, se le descontarían 48 mil 523 pesos, un monto que, según jurisprudencias en materia laboral, podría exceder los límites legales. Además, se destaca que cualquier retención debería ser ordenada por una autoridad jurisdiccional.

Finalmente, Lecourtois López detalló que la investigación y el proceso continúan en marcha, hasta que se logre recuperar el dinero afectado al erario público durante el ejercicio fiscal 2013.