San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 11 de junio de 2025.– A pesar de la resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que invalida acuerdos clave de la asamblea priista celebrada el 3 de diciembre de 2024, el Comité Directivo Estatal del PRI en San Luis Potosí mantiene una postura evasiva y, hasta el momento, renuente a cumplir el mandato judicial.

Lejos de mostrar disposición para acatar la sentencia federal, el partido ha optado por desentenderse del asunto, argumentando que aún no ha sido formalmente notificado del fallo emitido previamente por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), instancia que dio origen a la intervención de la Sala Monterrey. La postura oficial, en voz del representante legal Alberto Rojo Zavaleta, insiste en que aún no se conoce el contenido completo de la resolución.

La sentencia reconoce la violación al debido proceso interno al excluir sin notificación adecuada a tres militantes del Consejo Político Estatal. Los afectados han señalado este hecho como una muestra clara de las prácticas antidemocráticas que persisten dentro de la estructura del partido.

El fallo representa un revés para la presidencia de Héctor Meráz Rocha Medina, quien, hasta ahora, ha sostenido su posición mediante una prórroga estatutaria. Con la anulación de la asamblea del 3 de diciembre, el PRI deberá convocar una nueva asamblea en la que se incluyan los perfiles que fueron previamente excluidos.