San Luis Potosí, lunes16 de junio de 2025.- La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Itzel Argüelles Moreno, recibió este lunes a integrantes del colectivo de búsqueda Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, quienes, tras una manifestación pacífica a las afueras del organismo, entregaron de manera formal el llamado Informe Sombra, un documento ciudadano que analiza la crisis de desapariciones en San Luis Potosí y evidencia la falta de resultados institucionales.

El informe, elaborado por familiares de víctimas, documenta que entre 2018 y mayo de 2025, en San Luis Potosí se han registrado al menos 1,818 personas desaparecidas o no localizadas, de las cuales 745 permanecen sin ser encontradas. El texto denuncia que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente, marcada por la impunidad, la dilación en las investigaciones y una preocupante revictimización de las familias.

Señala, además, que las desapariciones afectan principalmente a hombres jóvenes entre 20 y 40 años, aunque también subraya un patrón alarmante en mujeres adolescentes, particularmente entre los 15 y 19 años, cuya ausencia está muchas veces vinculada con violencia de género y trata de personas.

La presidenta del colectivo, Edith Pérez Rodríguez, junto a otros familiares, acusó directamente a la Comisión de Derechos Humanos de incumplir con su compromiso institucional, pues desde 2019 había anunciado la publicación de un informe especial sobre desapariciones, el cual nunca fue emitido.

En 2023 incluso se llevaron a cabo conversatorios en las cuatro regiones del estado para recabar testimonios, pero nunca se entregaron resultados públicos ni se dio seguimiento a las voces de las víctimas.

El Informe Sombra también exhibe un panorama alarmante sobre el aumento de casos en lo que va de 2025. Solo entre enero y mayo, ya se habían reportado 154 personas desaparecidas, con una tendencia ascendente y sin acciones proporcionales por parte de las autoridades.

Municipios como San Luis Potosí capital, Ciudad Valles, Matehuala y Tamuín son señalados como puntos críticos de desaparición, muchos de ellos con presencia confirmada de grupos criminales, rutas migratorias o condiciones de alta vulnerabilidad social.

Además de las cifras, el documento incluye testimonios de madres, padres y hermanos que han tenido que buscar por su cuenta a sus seres queridos, enfrentando negligencia, estigmatización e incluso violencia institucional.

En varias regiones se han documentado campos de exterminio, fosas clandestinas y restos calcinados, lo que revela un nivel de brutalidad creciente. En lugares como Moctezuma, Charcas, Rioverde y Ciudad Valles se han localizado zonas con indicios de cuerpos disueltos en ácido, lo que dificulta su identificación y profundiza el dolor de las familias.

Una de las críticas del informe es hacia la falta de capacidad forense en el estado. La Comisión Estatal de Búsqueda, según el colectivo, opera con recursos mínimos, sin personal suficiente ni equipo adecuado, mientras que muchas de las identificaciones han tenido que ser enviadas a laboratorios en el extranjero, como en Alemania. También se denuncia que el Sistema Estatal de Búsqueda no cuenta con un programa operativo claro ni con presupuesto propio.