San Luis Potosí, S.L.P., viernes 14 de noviembre de 2025.– La fiscal general del Estado, María Manuela García Cázares, acudió este viernes 14 de noviembre al Congreso del Estado para entregar su informe anual de actividades, documento que reúne los avances y acciones realizadas por la institución durante parte de 2023 y lo que va de 2024. A partir de este acto, las y los legisladores cuentan con 30 días para citarla a comparecer, lo que sería su segunda presentación formal ante el Poder Legislativo desde que asumió el cargo.

Tras la entrega, García Cázares afirmó que el informe concentra el trabajo de todas las áreas de la Fiscalía General del Estado (FGE). Aseguró que las unidades y fiscalías especializadas han estado enfocadas en llevar carpetas a judicialización, aunque evitó precisar cuántos casos avanzaron a esa etapa o los resultados derivados de esos esfuerzos.

Uno de los puntos que la fiscal destacó como desafío inmediato es la conversión de la Unidad de Personas Desaparecidas en una Fiscalía Especializada, como lo establece la Ley General en la materia. Reconoció que este proceso es complejo y que implica adecuaciones operativas, administrativas y de personal. “Es un reto pasar de una unidad a una fiscalía especializada”, señaló, subrayando que no todas las decisiones dependen de la institución.

En lo relativo al presupuesto, García Cázares informó que la solicitud enviada para el ejercicio 2025 contempla una ampliación destinada exclusivamente a la creación de la nueva fiscalía. Detalló que se requieren por lo menos 5 millones de pesos para iniciar su operación, monto que considera gastos de personal, materiales y acciones de prospección.

Cuestionada sobre los pendientes internos, la titular de la FGE admitió que uno de los mayores desafíos es elevar el número de judicializaciones. Evitó ofrecer cifras sobre cuántas investigaciones permanecen en rezago o cuántas están en proceso de avanzar hacia tribunales, limitándose a señalar que se trata de una tarea pendiente.

En materia financiera, reiteró que los requerimientos para la nueva fiscalía de desapariciones ya fueron incluidos en la propuesta presupuestal, aunque no detalló cuánto implicaría el total del proyecto ni la forma en que se distribuirán los recursos.

García Cázares señaló finalmente que corresponderá al Congreso revisar a fondo el informe presentado y definir si se le convocará a comparecer. Dijo que el documento entregado contiene las acciones más relevantes del último periodo, pero no especificó cuáles considera prioritarias ni qué problemas persisten.