San Luis Potosí, S.L.P., martes 02 de diciembre de 2025.– La fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, informó ante el Congreso del Estado que la creación de una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en San Luis Potosí no sólo es una obligación derivada de reformas federales, sino que también exige una adecuación legal local y un incremento significativo en el presupuesto destinado a la institución.

Durante su comparecencia, García Cázares explicó que las recientes modificaciones en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y sistema nacional de búsqueda obligan a todas las entidades del país a contar con una fiscalía dedicada exclusivamente a estos casos. Sin embargo, en San Luis Potosí aún falta aprobar el marco jurídico que dé sustento a su operación.

La fiscal detalló que este nuevo órgano deberá contar con personal especializado y suficiente para atender la demanda, por lo que se requiere una ampliación presupuestal. Recordó que desde noviembre se lanzó una convocatoria para integrar al equipo que conformará la Fiscalía de Búsqueda de Personas, aunque su consolidación dependerá de los recursos asignados.

“Se necesita un aumento al presupuesto, porque debemos contar con personal adecuado, sensibilizado y con una unidad de contexto integrada por especialistas en psicología y otras áreas”, señaló. Añadió que este perfil es indispensable para brindar un acompañamiento digno a las familias y para garantizar que cada investigación tenga un enfoque adecuado a la naturaleza del caso.

García Cázares subrayó que el personal deberá recibir capacitación continua y formación en trato humano para apoyar a familiares en situación de vulnerabilidad, así como para conducir búsquedas con vida y diligencias que determinen si se trata de desapariciones forzadas o cometidas por particulares.

Finalmente, la fiscal enfatizó que la creación de esta área especializada permitirá fortalecer las investigaciones y perseguir sentencias en delitos de alto impacto, siempre y cuando se cuente con el respaldo presupuestal y estructural necesario. La expectativa, dijo, es que la fiscalía especializada cumpla con los estándares que las familias de víctimas y la legislación demandan.