San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 18 de marzo de 2026.- Representantes del sector empresarial alertaron sobre deficiencias en el decreto que rige la Zona Industrial, al señalar que su redacción actual permite la instalación de actividades incompatibles, incluso en zonas consideradas de riesgo, lo que podría derivar en conflictos de orden territorial y administrativo.

Durante una reunión con la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado, organismos como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Industriales Potosinos A.C. (IPAC) y la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) coincidieron en que la falta de precisión en el uso de suelo abre la puerta a escenarios irregulares.

Entre los ejemplos expuestos, se mencionó la posible coexistencia de giros comerciales, de servicios o incluso educativos en áreas cercanas a industrias con operaciones de alto riesgo, lo que evidenciaría vacíos en la normativa vigente.

Ónix Ponce Lomas, vicepresidente de Canacintra, detalló que la Zona Industrial que abarca más de 2 mil 500 hectáreas y alberga alrededor de 600 empresas enfrenta rezagos tanto en infraestructura como en ordenamiento. Añadió que, si bien el decreto fue actualizado en 2014 con la intención de modernizar su regulación, aún presenta lagunas en aspectos clave como la delimitación territorial, los giros autorizados y las atribuciones de cada nivel de gobierno.

Asimismo, se subrayó la falta de claridad sobre las responsabilidades en el mantenimiento de infraestructura básica, como vialidades, semáforos y servicios, además de las diferencias de interpretación sobre la autoridad competente en materia de uso de suelo, situación que ya ha generado tensiones con el Ayuntamiento de la capital.

Frente a este panorama, los empresarios plantearon la creación de un reglamento que permita precisar los alcances del decreto, definir criterios claros para las actividades permitidas e incluir a los organismos empresariales en la evaluación de nuevos proyectos.

Por su parte, el diputado presidente de la comisión, César Lara Rocha, reconoció que el decreto buscaba ampliar la actividad económica en la zona, aunque admitió la necesidad de revisarlo. En ese sentido, se acordó mantener mesas de trabajo para analizar posibles modificaciones al marco normativo.