San Luis Potosí, jueves 20 de febrero de 2025.- El gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, decidió suspender los fondos destinados a los servicios legales para los niños migrantes no acompañados, lo que ha generado una gran preocupación entre defensores de los derechos de los migrantes. La decisión afecta directamente a miles de menores que cruzaron la frontera sur sin la compañía de sus padres o tutores legales, dejándolos vulnerables ante un sistema migratorio difícil de navegar.
Esta orden, emitida por el Departamento del Interior al Acacia Center for Justice, impide a las organizaciones que coordinan servicios legales a los menores continuar con sus actividades. Esto afecta a aproximadamente 26,000 niños migrantes que, sin el apoyo adecuado, se enfrentan al desafío de representarse a sí mismos en tribunales de inmigración.
El impacto en los derechos de los niños migrantes ha sido duramente criticado. Shaina Aber, directora del Acacia Center for Justice, señaló que esta medida compromete gravemente la protección de los menores, dejándolos expuestos a posibles abusos y explotación. Los críticos afirman que sin representación legal, las probabilidades de deportación de estos niños aumentan significativamente, incluso si tienen casos válidos para quedarse en el país.
Además, organizaciones como el Florence Immigrant & Refugee Rights Project y el Immigrant Defenders Law Center han denunciado que esta acción es un ataque contra los derechos de los niños y que podría poner en peligro su bienestar. A pesar de las advertencias, la administración Trump parece seguir adelante con una política migratoria que ha reducido los recursos disponibles para inmigrantes, en línea con sus objetivos políticos.
El sistema migratorio estadounidense es conocido por su complejidad, y la falta de asistencia legal podría aumentar aún más el riesgo de que los menores sean víctimas de explotación o tráfico humano. Este cambio refleja una serie de medidas adoptadas por la administración Trump para recortar los recursos destinados a los inmigrantes, lo que ha generado una fuerte reacción de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
