El presidente de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento y Restauración Alimentaria A.C., en San Luis Potosí, Roberto Pinto Madrid, señaló que dicho gremio está preparando una serie de amparos que buscarán mostrar la inconstitucionalidad de la recién avalada reforma a la ley antitabaco.
De acuerdo con Pinto Madrid, vulnera y segrega a las personas consumidoras de productos de tabaco y sus derivados, por lo que señaló que estas acciones buscarán sumarse a las que se estarán realizando a nivel nacional, teniendo como fecha límite los últimos días de febrero.
Ya que en entrevista señaló que dicha medida excede las facultades de interpretación de una ley general e impacta de forma directa en ámbito de acción al generar violaciones a los Derechos Humanos y Constitucionales así como las garantías y el libre desarrollo de las personas con el hábito de consumir productos derivados del tabaco.
También señaló, que estos amparos apegados en al marco de derechos humanos irían enfocados por el ámbito empresarial, debido a que restringe la actividad comercial como tal, ya que dicho reglamento nuevo prohíbe prestar el servicio de comida y bebidas dentro del establecimiento a las personas que tengan el hábito de fumar, segregando así a estos de las áreas comunes, mismos que deberán estar en un área de al menos 10 metros de distancia de los establecimientos y que no debe exceder el 10 por ciento del área general del sitio, misma que señaló muchos sitios no pueden costear.
Por lo que estas condiciones ponen en desigualdad a prácticamente todos los establecimientos, hecho que señaló como una desventaja competitiva, así como que este reglamento está en contra de la libre elección del consumidor para fumar o no, así como la exhibición de los productos en las tiendas, hecho que señaló como irónico debido a que existen anuncios comerciales de productos ilegales de forma habitual, tales como los derivados de la mariguana, por lo que enfatizó que si bien no están en contra de estas medidas adoptadas, es necesaria la recreación de dicha ley desde una consulta ciudadana, así como empresarial y científica que avale dichas determinaciones.
