San Luis Potosí, S.L.P., jueves 5 de marzo de 2026.– El desempeño de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí durante 2025 se desplomo de manera abrupta frente a las posibles violaciones a los derechos fundamentales y la emisión de recomendaciones respecto a estas al únicamente emitir la mitad de las que emitía años anteriores no por reducción de violaciones sino por una reducción en la atención.


De acuerdo con la información publicada en el portal institucional, el organismo emitió 14 recomendaciones durante 2025, una cifra considerablemente menor a la registrada en administraciones anteriores, cuando el promedio anual rondaba las 30 recomendaciones. La disminución representa una caída de más del 50 por ciento en el principal instrumento público con el que cuenta la comisión para documentar violaciones a derechos humanos y exigir medidas de reparación y garantías de no repetición.



El análisis de las recomendaciones emitidas también muestra un patrón particular: 12 de las 14 resoluciones estuvieron dirigidas a ayuntamientos del estado, mientras que ninguna fue emitida contra dependencias estatales que históricamente han encabezado los listados de señalamientos en años anteriores.


Si bien la cifra por sí misma no explica todas las dinámicas de atención de quejas, la caída drástica en el número de recomendaciones suele ser un indicador del nivel de exigencia que un organismo autónomo ejerce frente a autoridades que pueden incurrir en abusos.


Durante administraciones previas a la actual presidencia de Giovanna Itzel Argüelles Moreno, las dependencias con mayor número de recomendaciones eran la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí y la Secretaría de Salud de San Luis Potosí. En 2025, ninguna de estas instituciones recibió recomendaciones por parte del organismo.


Esta ausencia se da en un contexto en el que continúan registrándose quejas relacionadas con detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, omisiones en la investigación de delitos o presunta negligencia médica, temas que tradicionalmente han sido materia de intervención de los organismos públicos de derechos humanos.


Entre los municipios señalados se encuentran Matlapa, Tancanhuitz, Salinas de Hidalgo, Villa de la Paz, Guadalcázar, Villa de Guadalupe, San Luis Potosí capital, Matehuala, Charcas y Venado, gobernados por diversas coaliciones y partidos, pero dejando de lado las violaciones en el ámbito estatal.