San Luis Potosí, S.L.P. viernes 06 de febrero de 2026.– El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) detectó un presunto daño al erario público por un millón 411 mil 979 pesos durante el ejercicio fiscal 2024 en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), de acuerdo con los resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento AEFPO-28-CEEPAC-2024.


La observación más significativa corresponde a 467 mil 732 pesos por el pago de prestaciones consideradas excesivas a tres consejeros electorales que asumieron funciones el 1 de octubre de ese año, quienes recibieron bono y aguinaldo pese a haber ocupado el cargo únicamente tres meses.


Además, se identificaron 265 mil 305 pesos por irregularidades en pagos excedentes relacionados con el arrendamiento de varios vehículos. A ello se suma un probable daño por 12 mil 098 pesos debido a la falta de un bien mueble registrado en el inventario del organismo electoral.


Otra observación relevante asciende a 456 mil 626 pesos, derivada de inconsistencias por adeudos pendientes de los Comités Municipales Electorales y de partidos políticos en proceso de liquidación, sin documentación comprobatoria ni evidencia de recuperación de recursos. El informe advierte que esta situación impide acreditar el destino y aplicación de recursos públicos, por lo que deberá presentarse evidencia ante el IFSE.


Como resultado de la auditoría se generaron seis pliegos de observaciones, 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, tres recomendaciones y una solicitud de aclaración.


Ante estos señalamientos, la presidenta del Ceepac informó que el organismo se encuentra dentro del periodo legal para solventar las observaciones. Explicó que el procedimiento establece que, tras la auditoría, la autoridad fiscalizadora formula observaciones y otorga un plazo para presentar documentación que permita aclararlas.


Respecto a las prestaciones observadas, indicó que corresponden a un proceso de transición entre consejerías salientes y entrantes, y sostuvo que los pagos se realizaron conforme al manual interno de remuneraciones, la legislación laboral y la normatividad burocrática vigente. Asimismo, aseguró que las percepciones del personal se mantienen dentro de los rangos mínimos establecidos y que existe transparencia en su asignación.


Será el IFSE quien determine, tras el análisis de la documentación presentada, si las observaciones quedan solventadas o si derivan en responsabilidades administrativas o financieras.