Detecta ASF falta de pagos del Gobierno del Estado a universidades públicas

Se incumplió los convenios de aportaciones estatales acordados con la Federación.

Por

Ernesto García

- viernes, octubre 24 de 2025

San Luis Potosí, S.L.P., viernes 24 de octubre de 2025.- Durante 2024, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí dejó de entregar 219.4 millones de pesos a diversas universidades públicas de la entidad, incumpliendo con los convenios de aportaciones estatales acordados con la Federación. Entre las instituciones afectadas se encuentran la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la Universidad Tecnológica, la Universidad Politécnica, la Universidad Metropolitana y la Universidad Intercultural.

De acuerdo con la auditoría de cumplimiento 2024-A-24000-19-1667-2025, la administración estatal infringió la normativa vigente en materia de anexos de ejecución y convenios de apoyo financiero para organismos descentralizados de educación media superior, así como los convenios específicos con universidades tecnológicas y politécnicas.

El informe de la Auditoría Superior de la Federación detalla que algunas instituciones, como la Universidad Tecnológica y la Universidad Metropolitana, no recibieron ningún recurso estatal durante el año pasado, a pesar de que les correspondían 40.4 y 6.4 millones de pesos, respectivamente. Tampoco se transfirieron los 24.9 millones de pesos destinados a la Universidad Intercultural.

En el caso de la UASLP, la falta de aportación estatal ascendió a 90.8 millones de pesos, mientras que la Universidad Politécnica dejó de recibir 20.2 millones, equivalentes a casi el 50% de los recursos comprometidos. Además, las transferencias que sí se realizaron presentaron retrasos significativos.

La irregularidad también alcanzó a otros organismos educativos: el Instituto de Capacitación para el Trabajo no recibió 15.8 millones de pesos; el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, 5.7 millones; y el Colegio de Bachilleres del Estado, 506 mil pesos. Ante estos hallazgos, la Contraloría General del Estado inició el procedimiento administrativo CGE/DIAEP/EIA-084/2025 para determinar posibles responsabilidades de servidores públicos involucrados.