San Luis Potosí, S.L.P., domingo 21 de septiembre de 2025.– La presidenta estatal de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Olga Espitia Lanuza, destacó la importancia de los candados legales que actualmente regulan las operaciones de compraventa de vivienda en el país, al señalar que los topes en pagos en efectivo y la obligatoriedad de los avalúos fiscales representan un respaldo tanto para compradores como para vendedores.

De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), –conocida como “ley antilavado”–, el límite máximo permitido en transacciones en efectivo es de 8,025 UMAs, dando un total de $865,817.25 para 2025, con un valor de UMA de $113.14 para este 2025.

Esta normativa define umbrales de identificación y aviso (en UMA) para actividades vulnerables, como la compra de inmuebles o vehículos, en los que se debe verificar la identidad del cliente o reportar la operación al SAT si se excede el monto legal establecido.

“Es un candado que protege a todas las partes. Ni los notarios ni los agentes inmobiliarios pueden permitir operaciones en efectivo que rebasen esta cifra, lo que brinda certeza jurídica y evita riesgos relacionados con operaciones de procedencia ilícita”, explicó Espitia Lanuza.

La dirigente detalló que, hasta hace algunos años, los avalúos de vivienda podían manipularse de acuerdo con las necesidades de los interesados, lo que abría la puerta a irregularidades. Actualmente, la ley obliga a realizar un avalúo fiscal que fija con precisión el valor de la propiedad y delimita los montos que pueden pagarse en efectivo. “Esto nos da un respaldo para asesorar a nuestros clientes con total transparencia y evitar problemas legales”, señaló.

Espitia Lanuza subrayó que, además de cumplir con la normativa, los avalúos fiscales ayudan a fortalecer la profesionalización del sector inmobiliario, al impedir prácticas como la subvaluación de propiedades con fines fiscales o la sobrevaluación para justificar montos mayores en transacciones.

Asimismo, reconoció que estos candados son un reto para los profesionales, pues exigen mayor preparación y responsabilidad en el manejo de expedientes, pero al mismo tiempo benefician al comprador, al vendedor y al sector en su conjunto. “Hoy contamos con una ley que nos respalda y que obliga a todos los involucrados a operar con transparencia, lo cual genera confianza en el mercado”, afirmó.

Finalmente, la presidenta de la AMPI capítulo San Luis reiteró la necesidad de que los clientes recurran siempre a asesores inmobiliarios certificados para garantizar que sus operaciones se realicen conforme a la normatividad vigente. También recordó que los notarios juegan un papel crucial, ya que son ellos quienes validan que las transacciones cumplan con la legalidad y los límites establecidos.