San Luis Potosí, S.L.P., jueves 27 de noviembre de 2025.– Luis Fernando González Macías, actual fiscal especializado en delitos electorales en San Luis Potosí, fue designado como magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), aunque no ha presentado su renuncia al cargo para el que fue electo hasta diciembre de 2030 y que comienza el próximo primero de enero de 2026. Su nombramiento fue impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificado en el Senado de la República.

La designación se concretó luego de que Morena, PT y PVEM impusieran su mayoría calificada para aprobar a 20 magistrados del TFJA, con 66 votos a favor y 32 en contra. La decisión generó críticas de las bancadas de oposición, que señalaron que la mayoría de los perfiles aprobados tienen vínculos directos con el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

González Macías fue nombrado Fiscal Especializado en Delitos Electorales de San Luis Potosí el 20 de diciembre de 2023 por el Congreso del Estado, para un periodo de siete años. Anteriormente, en junio del mismo año, fue destituido como coordinador jurídico del Congreso local, luego de que siete diputadas fueran multadas por un juzgado federal tras desacatar una sentencia relacionada con el caso de la magistrada María del Refugio González Reyes.

El ahora magistrado es licenciado en Derecho por la Universidad Tangamanga, cuenta con una especialidad en Derecho Electoral por la Universidad Autónoma de Querétaro y ha sido titular de un despacho jurídico. Además, se ha desempeñado como consejero electoral suplente del CEEPAC, presidente de una comisión distrital, funcionario del ISSSTE y encargado del área jurídica del Congreso del Estado.

En el pleno del Senado, senadores del PAN, PRI y MC advirtieron que estas designaciones ponen en riesgo la autonomía del TFJA. Se cuestionó particularmente a perfiles como Miguel Ernesto Pompa Corella, Jorge Enrique Mata Gómez y Yamil Villalba Villarreal, a quienes se les acusó de cercanía con figuras relevantes del oficialismo y de haber ocupado cargos dentro de la estructura federal reciente.

A pesar de las críticas, legisladores de Morena y sus aliados defendieron los nombramientos, asegurando que los perfiles cuentan con experiencia y solvencia profesional. Tras su ratificación por un periodo de 10 años, los 20 magistrados rindieron protesta ante el pleno, aunque asumirán formalmente sus funciones hasta el 1 de enero de 2026.