San Luis Potosí, lunes 28 de abril de 2025.- Comerciantes del municipio de Villa de Pozos denunciaron una presunta red de corrupción en la Dirección de Comercio local, señalando irregularidades en la emisión de licencias provisionales de funcionamiento y cobros indebidos contrarios a la normativa vigente.
A través de la organización Ciudadanos Observando, los quejosos apuntaron a la posible complicidad de la presidenta del Concejo Municipal, Teresa Rivera; de la directora de Comercio, Rocío Alvarado Vázquez; y de los regidores concejales.
De acuerdo con la denuncia, el municipio utiliza de manera supletoria el Reglamento de Actividades Comerciales de San Luis Potosí capital debido a la falta de reglamentación propia.
Según dicho reglamento, así como la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado, las licencias provisionales deben otorgarse por un máximo de 30 días y solo una vez al año mientras se tramita la licencia anual definitiva.
Sin embargo, comerciantes señalaron que en Villa de Pozos se estarían expidiendo licencias provisionales de hasta tres meses de duración y de manera reiterada.
Documentos revisados muestran que algunos comerciantes han pagado hasta 5 mil 104 pesos por permisos provisionales de tres meses. La Ley de Ingresos vigente establece un pago de apenas 56.57 pesos, equivalente a 0.5 UMA, dependiendo del tamaño del establecimiento. Además, denunciaron cobros adicionales de mil 710 pesos por inspecciones, cuando el monto máximo permitido por ley es de mil 697.10 pesos.
También se reportaron cobros por conceptos como juegos de formas con montos superiores a lo establecido, y en muchos casos los pagos no han sido respaldados con recibos oficiales del municipio. Los comerciantes señalaron que solo se les entrega una hoja simple como constancia de permiso, sin registro de ingreso en la caja municipal.
Estas prácticas, indicaron los afectados, contravienen el artículo transitorio segundo de la Ley de Ingresos de Villa de Pozos, que prohíbe cualquier cobro no autorizado expresamente en la normativa.
La falta de transparencia y la ausencia de comprobantes oficiales han generado un ambiente de incertidumbre jurídica entre los comerciantes, quienes temen represalias en caso de denunciar formalmente.
