San Luis Potosí, S.L.P., martes 30 de junio de 2026.– Más de 250 trabajadores de Fram Group Services fueron separados de sus cargos de manera repentina, situación que derivó en una protesta a las afueras de las oficinas de la compañía en la capital potosina, donde los afectados exigieron el respeto a sus derechos laborales y la intervención de las autoridades competentes.

De acuerdo con los testimonios de los extrabajadores, la notificación de su baja laboral se realizó a través de una videollamada convocada de emergencia al concluir la jornada de trabajo. Tras recibir el aviso, decenas de personas acudieron a las instalaciones de la empresa para solicitar información sobre su situación laboral y reclamar las prestaciones que, aseguran, les corresponden conforme a la ley.

Los manifestantes denunciaron que la firma, dedicada a brindar servicios contables y financieros para empresas estadounidenses, les informó que no habría pago de liquidaciones ni finiquitos, lo que generó preocupación entre quienes dependían de ese ingreso para sostener a sus familias.

Además, señalaron que en un primer momento enfrentaron restricciones para ingresar al inmueble y recuperar objetos personales y herramientas de trabajo que permanecían en sus espacios laborales. Posteriormente, con la intervención de personal de recursos humanos, algunos trabajadores lograron acceder a las instalaciones para retirar sus pertenencias.

Los inconformes también afirmaron que existen antecedentes de situaciones similares en otras sedes de la empresa dentro del país, particularmente en Monterrey, donde presuntamente se habrían registrado despidos colectivos bajo circunstancias semejantes. A ello sumaron señalamientos relacionados con inconformidades por el pago de utilidades, una problemática que, aseguran, se venía presentando desde semanas atrás.

Ante el panorama de incertidumbre, los trabajadores organizaron una representación legal para dar seguimiento al caso y solicitaron la participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como del Gobierno del Estado, con el objetivo de que se realicen las inspecciones correspondientes y se garantice el cumplimiento de las obligaciones patronales.