San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 21 de enero de 2026.– El colectivo Todes Trans señaló que en San Luis Potosí el reconocimiento legal de la identidad de género tiene un costo de 1 mil 488 pesos, pese a tratarse de un derecho humano. El trámite administrativo permite adecuar los datos personales en el acta de nacimiento conforme a la identidad de género autoidentificada, pero actualmente se encuentra sujeto a un pago establecido por la legislación estatal.

La organización explicó que este cobro fue incorporado en diciembre de 2025, luego de que el Congreso del Estado reformó la Ley de Hacienda para incluir un concepto específico por dicho procedimiento, sin que mediara consulta pública ni información previa dirigida a las personas potencialmente usuarias. Con esta modificación, advirtieron, el ejercicio de un derecho quedó condicionado a la capacidad económica de quien lo solicita.

De acuerdo con la normativa vigente, el trámite tiene un costo de 10.52 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por la resolución administrativa, además de otros cargos vinculados con anotaciones y rectificaciones en el Registro Civil. En conjunto, estos conceptos alcanzan un monto cercano a los 1 mil 488 pesos. Todes Trans subrayó que el cálculo del cobro no resulta claro ni transparente, lo que genera incertidumbre jurídica y afecta la seguridad de las personas que buscan acceder al procedimiento.

El colectivo alertó que esta medida tiene efectos desproporcionados sobre las personas trans y no binarias, quienes enfrentan mayores niveles de exclusión laboral, ingresos limitados y obstáculos institucionales. En ese contexto, señalaron que imponer una tarifa económica para el reconocimiento de la identidad legal profundiza las desigualdades existentes y convierte un derecho en un privilegio condicionado.

Asimismo, recordaron que el derecho a la identidad de género está protegido tanto por la Constitución como por tratados internacionales en materia de derechos humanos. Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que estos trámites deben ser administrativos, ágiles, accesibles y orientados a la gratuidad, a fin de evitar barreras económicas.

Finalmente, Todes Trans contrastó la situación de San Luis Potosí con la de otras entidades del país que han eliminado costos para este tipo de procedimientos, y advirtió que mantener un esquema de cobro representa un retroceso en el acceso pleno a los derechos de las personas trans y no binarias en la entidad.