San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 05 de noviembre de 2025.– A un año de la despenalización de la interrupción legal del embarazo (ILE) en San Luis Potosí, la colectiva ILE advirtió que el acceso al servicio continúa siendo limitado en la mayoría de los hospitales públicos del estado. De acuerdo con una investigación propia, solo el Hospital del Niño y la Mujer realiza el procedimiento de manera efectiva, mientras que otros centros enlistados por las autoridades se niegan a ofrecerlo, principalmente por objeción de conciencia.
En respuesta a una solicitud de transparencia, los Servicios de Salud del Estado informaron que existen nueve hospitales habilitados para practicar la interrupción del embarazo, aunque el colectivo constató que en la práctica la mayoría no lo hace. En el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, por ejemplo, personal médico reconoció que no realiza el servicio debido a que la mayoría del personal es objetor. En general, uno de cada tres profesionales de la salud se declaró objetor de conciencia, lo que limita el acceso real al derecho reconocido en la ley.
Otro de los hallazgos preocupantes es que entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025 se registraron 132 interrupciones del embarazo, pero todas fueron clasificadas como procedimientos por causas médicas. “Ninguno fue reportado como voluntario, pese a que conocemos casos en los que sí se solicitó por decisión propia”, denunciaron las integrantes del colectivo, quienes además señalaron que la Secretaría de Salud omitió datos sobre quejas o denuncias relacionadas con la prestación del servicio.
Las activistas señalaron que la falta de difusión institucional y la escasa capacitación del personal médico agravan las barreras para acceder a la ILE, especialmente en municipios fuera de la capital. “El gobierno del Estado tiene recursos para otras campañas, pero no informa de forma clara dónde se puede solicitar el servicio”, afirmaron, al insistir en la necesidad de sensibilizar y preparar al personal médico para garantizar la atención sin discriminación.
Finalmente, las integrantes de la colectiva recordaron que presentaron dos iniciativas en el Congreso local: una para ampliar las causales no punibles de aborto más allá de las 12 semanas, y otra para incorporar la violencia obstétrica a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. “El derecho a decidir no se garantiza solo con leyes; se necesita voluntad política y compromiso institucional para hacerlo efectivo”, subrayaron.
