San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 06 de agosto de 2025.- Según denuncias del gremio liderado por la dirigente sindical Francisca Reséndiz Lara, el Ejecutivo estatal ha orquestado una campaña sistemática de hostigamiento en su contra, con al menos 14 agresiones reportadas por parte de elementos de la Guardia Civil Estatal y la Policía de Investigación. Incluso, afirman que el mandatario ha amenazado con desaparecer a Reséndiz, como ocurrió —según su versión— con el exempleado Francisco Javier Montes Hernández, despedido arbitrariamente por su activismo en defensa de los derechos laborales.
El sindicato, integrado por alrededor de mil 800 trabajadores, reclama un adeudo de casi 140 millones de pesos por parte del gobierno estatal. Acusan también el despido ilegal de al menos 409 empleados, a quienes no se les ha otorgado liquidación ni el pago proporcional de aguinaldos. A otros 180 integrantes se les ha retenido el salario como forma de presión para que renuncien a la organización sindical.
Además, denuncian que el gobierno de Gallardo Cardona ha dejado de entregar las cuotas sindicales, los fondos de ahorro y los pagos correspondientes a préstamos internos, a pesar de seguir descontando dichas cantidades vía nómina. También les habrían sido eliminadas prestaciones contractuales relacionadas con celebraciones como el Día del Padre, la Madre, el Niño y el aniversario sindical.
María Antonieta Vargas Guerrero, trabajadora con una enfermedad crónico-degenerativa, falleció tras quedarse sin ingresos y sin acceso al Seguro Social denunciando las condiciones de abandono y desprotección que han tenido consecuencias fatales asi como el caso de otra trabajadora sidicalizada, que requería atención médica urgente, misma que perdió la vida tras la cancelación del servicio en un hospital privado convenido. Actualmente, 145 miembros del sindicato se encuentran en una situación similar, sin atención médica ni garantías laborales.
Uno de los temas más graves es el manejo del fondo de pensiones. De acuerdo con las denuncias, desde el inicio de su administración, el gobierno del estado ha retenido el 7% del salario quincenal descontado a los trabajadores, sin entregar dicho monto al fondo. Tampoco ha cubierto el 7% adicional que corresponde al patrón. Esta práctica, afirman, ha incrementado de manera alarmante el adeudo heredado por el exgobernador Juan Manuel Carreras.
Mientras que Carreras dejó un pasivo de mil 196 millones de pesos en el fondo de pensiones, en tres años de administración, Gallardo habría elevado el déficit a más de 4 mil 725 millones, según estimaciones internas del sindicato.
Ante esta crisis, el gobierno estatal busca que la administración federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, absorba parte del pasivo, como ocurrió con el rescate financiero del Hospital Central. Además, promueve una reforma a la Ley de Pensiones para aumentar los descuentos al salario y elevar la edad de retiro.
